Los ministros de Agricultura de la UE, la Comisión y la Eurocámara tratarán de cerrar antes del miércoles un acuerdo político para reformar de forma drástica la Política Agraria Común (PAC) y permitir un reparto «más verde» y «más justo» de las ayudas, aunque para ello tendrán que ajustar posiciones aún muy alejadas en asuntos clave como la convergencia interna de los pagos a los agricultores.
Otras novedades que deberán decidir en las negociaciones a tres bandas son la redefinición del agricultor activo, para evitar que las ayudas lleguen a productores «de salón» o a terrenos destinados a actividades no agrícolas como aeropuertos y campos de golf; así como simplificar y establecer si serán voluntarios u obligatorios los programas específicos de apoyo a jóvenes agricultores y a pequeños productores.
Bruselas exigía reequilibrar los apoyos dentro de cada país, con el objetivo de que todos los productores perciban el mismo nivel de ayuda por hectárea, independientemente de su cultivo o región. Países como Alemania no ponen trabas a esta idea porque ya cuentan con regímenes similares, pero la medida es rechazada de plano por España y otros grandes productores como Francia e Italia.
Ante las reservas de los Estados miembros, el comisario Dacian Ciolos ha tenido que revisar a la baja sus aspiraciones iniciales y aceptaría un suelo mínimo para que cualquier productor reciba al menos un 75 % del subsidio medio que se paga en su región, según fuentes europeas.
Sin embargo, el ministro de Agricultura español, Miguel Arias Cañete, aún considera «absolutamente excesiva» y muy perjudicial para los intereses del campo español una convergencia del 75 %. Así se lo trasladó al propio Ciolos en un viaje a Bruselas una semana antes de la reunión que arranca el lunes en Luxemburgo, ocasión que aprovechó para reclamar al comisario la máxima «flexibilidad» posible para esta ‘tasa plana’.
Las diferencias sobre el nivel de convergencia y la posibilidad de introducir medidas de acompañamiento con las que atenuar su impacto es uno de los principales escollos para el acuerdo, pero no el único.
Los eurodiputados han mostrado su descontento por la negativa del Consejo a debatir determinados elementos de la reforma que los jefes de Estado y de Gobierno ya pactaron en una cumbre en febrero, por ser cuestiones estrechamente vinculadas a los presupuestos generales de la UE. Y reclaman, por ejemplo, poder codecidir sobre una norma para fijar un techo máximo de 300.000 euros a las ayudas por explotación, que los 27 quieren voluntaria, pero Bruselas y la Eurocámara prefieren obligatoria.
La posibilidad de seguir dedicando un porcentaje del sobre nacional a ayudas vinculadas a la producción de determinados cultivos también enfrenta a las partes por las diferencias del porcentaje que debería permitirse, y que podría finalmente fijarse entre un 12 y un 13 %, según las fuentes consultadas.
La profunda reforma en la que trabaja la Unión Europea ha sido aprovechada por los gobiernos para reabrir la discusión sobre el futuro de determinados sectores y poner en duda la liberalización pactada para 2015 y 2016 para algunos de ellos, como la producción de azúcar o los derechos de plantación de viñedos.
En ambos casos, un grupo mayoritario de países, incluido España, han defendido prorrogar los regímenes existentes y por ello se espera que se retrase al menos hasta 2017 el fin de las cuotas de azúcar y también que se aplace la transición a un sistema de autorizaciones en el caso del vino.
El acuerdo deberá también aclarar la fórmula que determinará el número de hectáreas elegibles para recibir fondos a partir de 2014, ya que la propuesta inicial de Bruselas no gustó a España, que temía ver incrementado drásticamente la superficie subvencionable, de los 22 millones de hectáreas actuales hasta los 38 millones. El Gobierno consiguió que el Consejo incluyera entre sus exigencias un mecanismo de ajuste para limitar el máximo de esta superficie elegible.
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