Jun 212012
 

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha asegurado este jueves que la «percepción» que tienen tanto ella como el resto de los vocales del órgano de Gobierno de los jueces es que el todavía presidente del Tribunal Supremo (TS) y del CGPJ, Carlos Dívar, anunciará hoy su dimisión para zanjar así la polémica suscitada por los viajes a Marbella (Málaga).

«Lo previsible es que efectivamente se anuncie hoy la dimisión. Vamos a cerrar una parte de esa página pero tenemos que trabajar mucho y esforzarnos por mejorar la confianza en las instituciones afectadas», ha manifestado en una entrevista en la Ser, recogida por Europa Press.

En este sentido, Bravo ha reconocido que tanto el CGPJ como el Tribunal Supremo, así como la propia imagen de la justicia, «han estado sufriendo un proceso de deterioro que ha ido en aumento a medida que han ido transcurriendo los días» y que «no se ha atajado como se esperaba».

Esta ha sido la razón, precisamente, que llevó, según Bravo, a los vocales del CGPJ a retirarle la confianza a Dívar en el Pleno extraordinario celebrado el pasado sábado.

«Esa percepción que hemos tenido una gran número de vocales de que esta crisis quizás no se ha atajado de la forma que debería haberse hecho, lógicamente ha producido una situación muy grave para poder asumir el día a día», ha agregado.

Asimismo, Bravo ha negado que la polémica que rodea al presidente del Supremo y que «previsiblemente» desembocará hoy en su dimisión se deba a que existan «luchas de poder» en el seno del CGPJ, aunque sí ha admitido que la crisis ha creado «tensiones internas».

A su parecer, la situación es resultado de la «crisis abierta» a raíz de la denuncia presentada contra Dívar por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez, por los gastos de sus viajes a Marbella, momento desde cual «la batalla de la opinión pública prácticamente estaba perdida».

«Desde el momento en que sale a la luz es muy difícil que la ciudadanía entienda que hay que hacer una investigación y que tienen que valorarlo las autoridades pertinentes», ha reconocido, para añadir que «en cuanto la sociedad oye hablar de una sospecha sobre la distinción entre lo público y lo privado o el uso de fondos públicos para actividades privadas entiende que esto es una indecencia».

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