El Gobierno tiene previsto dar luz verde durante el Consejo de Ministros de este viernes al anteproyecto de la Ley de Transparencia, que tiene como objeto principal que la actividad y las cuentas de las administraciones sean más accesibles para los ciudadanos y que los responsables de lo público respondan por su gestión.
El Consejo de Ministros estará presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y contará con la presencia de todos los miembros del Gabinete a excepción de los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Interior, que se encuentran en Brasil y Alemania, respectivamente.
El anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que ya fue llevado al Consejo de Ministros el pasado 23 de marzo y ahora regresa tras un periodo en el que los ciudadanos han podido realizar aportaciones a través de las webs institucionales, obligará a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permitirá a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos.
La ley, que no afectará a la Casa Real, impondrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida por los tribunales o los órganos de fiscalización contable. Pero incluso irá más allá, porque incurrirán en delito los cargos que despilfarren el dinero público.
Para ello, la Ley de Transparencia incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos. En concreto, se castigará con una pena que podría alcanzar los seis años de inhabilitación a los cargos que sobrepasen el presupuesto aprobado, según fuentes gubernamentales.
Además, esta norma establecerá baremos para fijar los sueldos de los cargos electos locales, que se recogerán cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
PUBLICIDAD ACTIVA
En cuanto al primer bloque, la Ley de Transparencia «refuerza» las obligaciones de publicidad activa de todas las administraciones y, por lo tanto, deberá suministrarse en las webs de las administraciones la siguiente información: contratos adjudicados con indicación del objeto, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, adjudicatario, prórrogas o precios del contrato; la relación de los convenios suscritos por las administraciones con mención de las partes, el objeto y las obligaciones económicas convenidas; las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo, finalidad y beneficiario; y los presupuestos, con descripción de las partidas y datos actualizados sobre su ejecución.
Igualmente, debería ofrecerse información sobre las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; las resoluciones dictadas por la Oficina de Buen Gobierno y Conflicto de Intereses sobre compatibilidad con actividades privadas a realizar por los cargos incluidos en la Ley de Conflictos de Intereses; y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento de la ley, según ha precisado la vicepresidenta.
Para cumplir con esa «obligación» de publicidad activa, el Gobierno creará un Portal de la Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, centralizará toda la información que debe hacerse pública. Se prevé que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales puedan adoptar medidas de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de información.
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