El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha denunciado que un ayuntamiento de la provincia de Guadalajara acogido al plan de pago a proveedores necesitará 7.058 años para saldar su deuda y otro de Teruel, 462 años, y ha abogado por cambiar a fondo el sector local. «Ante un fallo del sistema, lo que tenemos que cambiar es el sistema», ha dicho.
Beteta ha añadido un tercer ejemplo, un «importante» ayuntamiento de la Comunidad de Madrid podría tardar más de 22 años en devolver el dinero que se le va a dejar para pagar a los proveedores. «¿Es posible mantener una circunstancia de esta naturaleza? Esto pone sobre la mesa dos problemas: la irresponsabilidad del gestor local y la irresponsabilidad de quien debió velar por que estos hechos no llegaran a producirse. Y no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que esto pase», ha añadido.
Beteta ha recordado que la futura Ley de Transparencia incluirá sanciones para los gestores que no hagan bien su trabajo y permitan gastos sin contrapartidas de ingresos.
El secretario de Estado ha inaugurado en Madrid una jornada de la Fundación Democracia y Gobierno Local sobre el futuro de las entidades locales y ha anunciado que a finales de este mes estará listo un informe sobre la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local; entre otras cosas, incluirá una lista cerrada de las competencias que pueden prestar las entidades locales y una potenciación de las diputaciones para prestar los servicios que los ayuntamientos menores no puedan afrontar con eficiencia.
Con este texto se trabajará en la reforma de esa ley y a continuación, en la de la Ley de Haciendas Locales, con la que se quiere garantizar la suficiencia financiera municipal. Beteta ha explicado que se tratará de que las competencias que tengan que prestar los consistorios estén siempre cubiertas económicamente y que sea imposible por ley que las comunidades autónomas, como ocurre ahora, adeuden dinero a los ayuntamientos.
Además, el Gobierno prepara ayudas para animar a la fusión o integración de entidades locales, que son voluntarias y deben llevarse adelante con el acuerdo de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, Beteta ha precisado que las reformas legales acabarán por empujar esa voluntariedad, porque será necesario cumplir unos criterios de eficiencia que, sin fusiones, no se alcanzarán. «No va a quedar otra», ha dicho.
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