El empresario José María Ruiz-Mateos será detenido si este martes no se presenta ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, donde ha sido citado por tercera vez para ser interrogado en calidad de imputado por una presunta estafa de 13,9 millones de euros a Inversiones Grupo Miralles (IGM) en la compraventa de un hotel.
Sin embargo, no es la única causa por la que deberá rendir cuentas a la Justicia, puesto que también este martes ha sido citado ante el Juzgado de Instrucción número 9 por otra supuesta estafa de 7,3 millones a Inversiones Insulares Radó.
Después de que el pasado 12 de enero el fundador de Nueva Rumasa no compareciese por el primero de los dos casos, la jueza volvió a citar al encausado bajo el apercibimiento de que si de nuevo no se persona se ordenará su busca, detención y presentación en el Juzgado.
La defensa de Ruíz-Mateos entregó a la anterior instructora una carta médica en la que exponía los motivos por los que el empresario no acudió el pasado mes de julio a su primera cita con la magistrada y que concretaba en problemas de movilidad derivados de la enfermedad de Parkinson.
El empresario volvió a ser citado a declarar el 12 de enero de este año después de que el forense emitiese un informe que concluía que no existe impedimento médico alguno para que el encausado se traslade hasta la capital balear para prestar declaración.
Por el contrario, sí han comparecido ante la jueza varios de sus hijos, contra los que también se dirige la querella que interpuso el Grupo Miralles y quienes han coincidido en atribuir a su padre todas las negociaciones en la compra de un hotel al Grupo Miralles, operación que habría dado lugar a la presunta estafa.
Mientras tanto, el empresario jerezano ha sido citado esta misma jornada por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien este mes decretó la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer ‘apud acta’ cada quince días en dependencias judiciales a los seis hijos varones de Ruiz-Mateos, a raíz de la denuncia interpuesta contra ellos por la familia mallorquina Radó por presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal.
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