El Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda (Málaga) ha decretado libertad bajo fianza para el exalcalde de dicha localidad Antonio Marín Lara, que fue detenido en el marco de la operación contra la presunta corrupción urbanística en esa localidad, según han informado fuentes judiciales.
A Marín Lara se le ha impuesto como fianza la cantidad de 150.000 euros, que deberá abonar en un plazo de 15 días. Se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y tráfico de influencias, según han informado las mismas fuentes.
El exalcalde ha sido trasladado esta mañana a los juzgados de Ronda para declarar ante la instructora del denominado caso ‘Acinipo’, al igual que el ex primer teniente de alcalde y diputado provincial, Francisco Cañestro, y a un abogado de una promotora de Ronda, con iniciales M.A.B.
Tras la comparecencia, los dos detenidos han quedado en libertad sin fianza, aunque se les imputan inicialmente, según han indicado las mismas fuentes, los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Esta operación policial se ha saldado hasta el momento con siete personas imputadas. Los primeros en comparecer ante la jueza este miércoles fueron la exdelegada municipal de Obras María José Martín de Haro y el exdelegado municipal de Seguridad Rafael Lara.
Ambos quedaron en libertad bajo fianza, que se concretará este viernes, y se les imputan los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Asimismo, otras dos personas prestaron declaración por exhorto en Madrid y en Valencia, tras lo que quedaron en libertad provisional, aunque tendrán que comparecer ante el juzgado que instruye esta causa. Se les imputan los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
La Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, están investigando la presunta comisión de determinados delitos y la investigación se centra en operaciones urbanísticas presuntamente irregulares.
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