Mar 312011
 

La Sala del 61 del Tribunal Supremo concluye en el auto en el que prohíbe la inscripción de Sortu en el registro del Ministerio del Interior que en este caso se aprecia la misma «técnica de desdoblamiento operativo» que ha permitido ilegalizar otras marcas de la izquierda abertzale, ya que es ETA la que controla el proceso iniciado por el nuevo partido para mantenerse en las instituciones democráticas.

Así se desprende de uno de los razonamientos del auto dado a conocer hoy por el diario El Mundo, relativo al análisis que el alto tribunal hace de un documento denominado «Proceso Democrático: reflexión sobre la alternativa para la solución democrática del conflicto político y para el reconocimiento de Euskal Herria», que fue incautado en abril de 2010 en el despacho de la abogada habitual de ETA Arantza Zulueta, encausada por presunta pertenencia a la banda terrorista.

A juicio del alto tribunal, lo dicho en este documento «presenta muchas claves de lo que acontece en los meses siguientes», y anticipa algunos de los movimientos que posteriormente realiza la Izquierda Aberzale, entendida como Batasuna, como es la alianza con Eusko Alkartasuna (EA) en junio de 2010 «y que parece intensificarse en estos momentos», según apunta la Sala.

PASO PREVIO A LA NEGOCIACIÓN
Otros movimientos anunciados serían la obtención de apoyos internacionales al «proceso democrático» (declaración de Bruselas) y la puesta en marcha de un escenario de legalización de Batasuna «como mínimo democrático, como paso previo a la negociación que se reserva la banda terrorista con el Estado». Todo ello acompañado, apunta, de comunicados en los que la propia ETA va mostrando su satisfacción según los distintos pasos que se van dando.

La Sala imputa la autoría de este documento a ETA «por razón de su contenido y el lugar donde fue intervenido», y destaca que el propio informe justifica su necesidad en «la definición de un nuevo proceso democrático después del abandono del anterior en el año 2008, al fracasar la negociación política entre el Estado y ETA».

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