El Gobierno tiene previsto analizar en el Consejo de Ministros de este viernes la reforma energética para corregir los desequilibrios en el sistema eléctrico provocados por el déficit de tarifa, indicaron a Europa Press fuentes del sector.
La intención es abordar la nueva reforma en su conjunto, lo que incluye toda la normativa elaborada para su puesta en marcha, esto es, un real decreto ley de estabilidad financiera, un anteproyecto de ley del sector eléctrico y varios reales decretos.
La reforma tiene como objetivo aplacar el déficit de tarifa estructural de 4.000 millones de euros que cada año genera el sistema eléctrico. En términos acumulados, el déficit de tarifa suma ya 26.000 millones y se ha convertido en un problema que amenaza con desbordar el ámbito eléctrico.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no asumirá en su totalidad los costes del sistema eléctrico previstos en la ley, sino una parte «muy inferior», y provocará de esta forma que buena parte de la carga de la reforma energética que estudiará hoy el Consejo de Ministros caiga sobre consumidores y empresas, lo que anticipa subidas del recibo de la luz y fuertes recortes a los operadores, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.
La decisión de Hacienda, con la que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro se desvincula del deseo del Ministerio de Industria de que parte de los costes recaigan sobre las cuentas públicas, fue anunciada ayer por el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a las grandes eléctricas y empresas de renovables durante un encuentro para informar acerca de la reforma energética.
En concreto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha negado a asumir, conforme establece una ley del Gobierno anterior, los extracostes de las actividades extrapeninsulares, esto es, las correspondientes a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Las fuentes interpretan que Hacienda ha ganado la partida al ministro José Manuel Soria e indican que el principal recorte se producirá previsiblemente en la actividad regulada de distribución, de hasta el 20%, lo que complicará las nuevas inversiones e incluso podría afectar a la calidad del suministro.
Este recorte ha dejado muy preocupadas a las eléctricas, que esperaban unas medidas de menor envergadura y que incluso podrían encontrar elementos discriminatorios entre la minoración sufrida por su negocio y el de algunas actividades de renovables, que saldrían menos perjudicadas.
El plan que maneja Industria no supondrá la eliminación definitiva del déficit de tarifa, si bien incluye un fuerte aparato normativo compuesto por un real decreto ley de medidas de sostenibilidad financiera, un anteproyecto de ley del sector eléctrico y ocho reales decretos.
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