El exsecretario general de CDC y diputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol ha negado que forme parte de una trama corrupta relacionada con las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), y ha asegurado que para él «esta trama no existe», y que en ningún caso la coordina.
En una declaración ante la prensa a la salida de un interrogatorio de más de 10 horas, se ha mostrado satisfecho de poder «invertir el relato» que, según su opinión, se ha ido forjando durante el último año, y ha explicado que está disgustado por algunas falsedades que se le atribuyen dentro del sumario o conversaciones de terceros, así como haber conocido como algunos hablan de él –en una referencia velada al apodo ‘primo de Zumosol’–.
Pujol ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a las 9.45 horas, 15 minutos antes de su declaración como imputado, flanqueado por el secretario de organización de CDC, Josep Rull; el presidente de CiU en el Parlament, Jordi Turull; el vicesecretario de coordinación institucional, Lluís Corominas, y el coordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez.
Pujol ha explicado que su intervención haciendo gestiones en el sector de las ITV responde «al interés político de defender un modelo que viene definido y articulado desde el 2008», cuando se aprobó la Ley de Seguridad Industrial en el Parlament con el apoyo de CiU y otros partidos, en época del tripartito.
Preguntado sobre por qué estas gestiones las hacía él, ha detallado que porque trataba de «fortalecer un modelo que estaba colgando de un hilo» por las diferentes directivas europeas que cuestionaban el modelo.
DESVINCULA A SU MUJER
En su intervención ante los medios, ha negado rotundamente que haya tenido intención de participar directamente en una empresa de estaciones de ITV, en relación a la empresa Upprime Energy, creada por dos empresarios imputados en la trama, y ha situado estos comentarios en el terreno de la «falsedad y la mentira».
Asimismo, ha negado que su mujer, Anna Vidal, haya sido «cobeneficiaria de una empresa que ha facturado 6,9 millones de euros», en referencia a la consultora Alta Partners, del también imputado Sergi Alsina, que medió en las deslocalizaciones de empresas como Sony y Yamaha.
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