Este lunes 3 de diciembre concluye el plazo dado a los gobiernos regionales por Hacienda y Administraciones Públicas para adherirse a este mecanismo de financiación y sólo la Junta de Castilla y León mantiene las dudas para sumarse al grupo de nueve autonomías que ya han pedido dinero para refinanciar su deuda y pagar facturas. Por su parte, Navarra, País Vasco, La Rioja, Aragón, Galicia, Extremadura y Madrid han afirmado que no lo harán.
El gabinete de Juan Vicente Herrera está tratando de cerrar un crédito bancario para evitar sumarse a este fondo, que interpretan como un estigma que provoca una bajada automática del rating.
La consejera castellana de Hacienda, Pilar del Olmo, ha asegurado que su gobierno «probablemente» no necesitará sumarse al FLA, pero no ha cerrado la puerta hasta el mismo lunes y ha añadido que «abrir los hospitales y los colegios» le supone a la Junta el desembolso diario de 16 millones de euros.
A la espera de lo que decida esta comunidad, son nueve las que han pedido ayuda al FLA y consumirán 12.600 de los 18.000 millones previstos: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Islas Baleares y Andalucía. No han recibido todavía todos los pagos, que concluirán en diciembre.
Con estos fondos, las autonomías han refinanciado su deuda con bancos extranjeros del segundo semestre del año y han podido además saldar algunas deudas con proveedores, incluidos servicios sanitarios, educativos y servicios sociales.
El Fondo está dotado por el momento con 12.000 euros, 8.000 procedentes de un crédito sindicado de bancos y otros 4.000 emitidos por el Tesoro. La tercera pata es un crédito de Loterías del Estado de otros 6.000 millones que todavía no se ha cerrado.
Una vez concluido el actual FLA, Hacienda y Adiministraciones Públicas preparará otro para el año próximo, dotado de 23.000 millones ampliables. Por el momento, sólo se ha dado a conocer que el destino principal de estos fondos será pagar facturas de proveedores, ante los problemas de las administraciones territoriales para saldar sus deudas con empresas y autónomos.
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