La catástrofe marítima del ‘Prestige’ cumple este martes su décimo aniversario coincidiendo con la reanudación del juicio que se celebra en el recinto ferial ExpoCoruña. La vista se retomará con la declaración del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, y seguirá durante este mes con la del jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
Ellos tres, junto al primer oficial Ireneo Maloto –declarado en rebeldía y en paradero desconocido–, son los únicos imputados por una catástrofe marítima, que, en noviembre de 2002, vertió más de 60.000 toneladas de fuel en la costa gallega y que provocó uno de los mayores siniestros marítimos.
En concreto, fue el 13 de noviembre de 2002, sobre las 15.15 horas, cuando los servicios marítimos recibieron una llamada de socorro alertando de una vía de agua en el ‘Prestige’, un petrolero con 27 tripulantes que se encontraba navegando a unas 28 millas de Fisterra (La Coruña) con 77.000 toneladas de fuel.
Desde esa fecha y, tras detectarse el primer vertido, se optó por alejar de la costa al barco, que estuvo escoltado por la Armada y al que se prohibió atracar en cualquier puerto español.
Finalmente, el 19 de noviembre de 2002, el ‘Prestige’ se partió en dos y se fue a pique, generando una de las mayores catástrofes marítimas, que tiñó de negro las costas de Galicia, pero también las del Cantábrico y Francia.
PAPEL DEL VOLUNTARIADO
Junto a la marea negra, el siniestro –por el que el capitán llegó a pasar 83 días en prisión– provocó también una respuesta social sin precedentes con la llegada masiva de voluntarios a Galicia -más de 40.000, según organizaciones ecologistas- que se encargaron de recoger el fuel y que se sumaron al trabajo que los primeros días realizaron los pescadores con sus propios medios.
Sobre los efectos que este trabajo tuvo en la salud, se realizaron numerosos estudios. Entre los últimos, está el elaborado por un equipo de la Universidad de La Coruña (UDC), que concluye que el aumento del riesgo de padecer cáncer en las personas que colaboraron en la recogida del fuel «desapareció» a los siete años del siniestro.
Diez años después, hay entre el voluntariado un sentimiento «agridulce». «Somos los mismos contra los mismos», resume el secretario general de la organización ecologista Adega, Fins Iglesias, en relación a la presencia, en el Gobierno, de responsables políticos que eran también miembros del Ejecutivo cuando ocurrió el siniestro.
RESPONSABILIDADES CIVILES Y PENALES
Tanto desde organizaciones ecologistas como desde las cofradías de pescadores se cuestiona también que el único representante institucional, entre los acusados en el juicio por el siniestro, sea el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, para el que se piden penas de cinco años de prisión.
La mayor pena, no obstante, se reclama para el capitán del barco, para el que la Fiscalía solicita 12 años de cárcel, siete por un delito contra el medio ambiente y otros cinco por daños en espacios naturales protegidos, Mientras, el letrado que representa a 70 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria solicita nueve años de prisión para los tres miembros de la tripulación.
Como responsables civiles directos, figuran la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de daños por la contaminación de hidrocarburos (Fidac) y como subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.
Sorry, the comment form is closed at this time.