El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha recriminado que el sindicato Manos Limpias haya sacado de contexto de forma intencionada las palabras que utilizó en el auto que dictó para rechazar la imputación de la Infanta Cristina, y en este sentido ha aseverado que afirmar que llamarla a declarar como imputada la estigmatizaría es una palmaria falsedad que ni tan siquiera admite disculpa.
Así lo ha aseveración en un nuevo auto, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que ha desestimado el recurso de reforma que interpuso la entidad personada como acusación popular y en el que considera «rotundamente falso» que la no citación de la hija del Rey Don Juan Carlos tenga como finalidad «el librarla del mal trago de verse afectada por estigma alguno al que hubiera hacerse acreedora si hubieran existido indicios objetivos de criminalidad en su contra, lo que hasta el momento no se ha constatado».
«La tan a todas luces desafortunada oración obedece a la pura invención del recurrente» -en referencia a Manos Limpias- «y a él incumbe explicar qué proceso mental le ha conducido a ella», incide el magistrado en su resolución judicial, ya recurrida por la acusación en apelación ante la Audiencia Provincial.
La entidad sostiene que la esposa del Duque de Palma fue «actora directa -por encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria- y por ende beneficiaria de las presuntas actividades delictivas de Urdangarin», tal y como consta en un escrito de seis páginas, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la entidad desglosaba los indicios delictivos que, a su juicio, pesan contra la Infanta.
Sin embargo, durante su declaración como imputado ante el juez, Urdangarin insistió en varias ocasiones en desvincular a su mujer de las operaciones llevadas a cabo en concreto a través del Instituto Nóos, que presidió entre 2004 y 2006, y Aizoon, la empresa de la que era copropietario al 50 por ciento junto a su esposa. De hecho, la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad Autónoma se opusieron a la petición de Manos Limpias.
Según el sindicato, la hija del Rey era además «conocedora, cuanto menos, de las argucias financieras fraudulentas» que se habrían llevado a cabo para evadir impuestos a Hacienda, una de las líneas de investigación abiertas en el marco de este caso. Además, recuerda que también en Aizoon desempeñaba el cargo de secretaria, lo que conlleva la elaboración de actas con los acuerdos adoptados, la lectura de éstas y su firma.
La acusación aseveraba que las diligencias practicadas hasta el momento ponen de manifiesto que la Infanta «ha dispuesto de dinero de la caja de las sociedades mercantiles defraudadoras», entre otros fines, para la realización de obras en su vivienda de Pedralbes. De hecho, la entidad afirmaba, en base a un informe de la Agencia Tributaria, que la unidad familiar «dispone de una caja única, donde obviamente se ingresaban recursos económicos que provenían de las mercantiles utilizadas en la trama».
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