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Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han aprobado sin discusión este lunes reforzar las sanciones contra el régimen de Damasco en respuesta a la última campaña de bombardeos en Homs. Los activos del Banco Central Sirio bajo jurisdicción europea quedarán congelados, aunque se seguirán permitiendo las transacciones comerciales legales, y se prohíbe comerciar en oro u otros metales preciosos con instituciones públicas sirias, según han confirmado fuentes diplomáticas europeas.
Los Veintisiete también han acordado prohibir los vuelos de carga de aerolíneas sirias procedentes de Siria como parte del nuevo paquete de sanciones aunque no prohibirán los vuelos comerciales como pedía Alemania desde un primer momento por el rechazo mayoritario de los Estados miembros a obstaculizar la posible evacuación de europeos del país con esta medida, según han explicado las fuentes. Tampoco se prohibirán los vuelos mixtos de pasajeros y carga, han precisado las fuentes.
Los Veintisiete han acordado además prohibir la entrada en la UE y congelar los activos de otros siete dirigentes del régimen, según han precisado las fuentes. Se trata de siete ministros del Gobierno de Bashar al Assad, según han precisado otras fuentes europeas.
RONDAS DE SANCIONES ANTERIORES
Sin contar esta última ronda, las sanciones europeas –congelación de activos financieros y prohibición de entrada a la UE– afectan en la actualidad a unos 108 dirigentes del régimen, incluidos el presidente, Bashar al Assad, y su hermano Maher, identificado como el principal responsable de la represión contra la población civil en Siria, y un total de 38 empresas y sociedades tras esta nueva ronda de sanciones.
Los ministros de Exteriores de los Veintisiete acordaron en diciembre prohibir dar nuevos «créditos y préstamos concesionales» al Gobierno sirio excepto por motivos humanitarios y «comerciar con bonos públicos» de deuda siria. También prohibieron a las entidades bancarias sirias abrir nuevas sucursales en la UE o impulsar nuevas fusiones conjuntas con entidades europeas y acordaron restringir su apoyo financiero al comercio.
Asimismo, prohibieron las exportaciones de cualquier equipo y tecnologías clave para los sectores de la refinería, exploración y producción de petróleo y gas y para la licuefacción de gas y que las empresas europeas participaran en la construcción de «nuevas plantas eléctricas» en Siria, incluida la asistencia técnica, la financiación de proyectos e inversiones en compañías que participen en dicha construcción. Igualmente, prohibieron «la exportación de equipos y software» destinados a «supervisar Internet y las telecomunicaciones telefónicas por el régimen sirio».
La UE ya había suspendido previamente su cooperación con el régimen y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en rondas de sanciones anteriores. También acordó un embargo de armas y de petróleo sirio y prohibir las nuevas inversiones europeas en el sector energético del país con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen para parar la violencia contra la población civil.
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