La nueva alcaldesa de Madrid, Ana Botella, eliminará todas las licencias necesarias para abrir una nueva actividad comercial siempre que el negocio no necesite declaración de impacto ambiental (DIA), según ha avanzado en su discurso de investidura, pronunciado en la sesión plenaria extraordinaria celebrada en el Palacio de Cibeles.
«Vamos a poner en marcha una reforma urgente por la que, en la ciudad de Madrid, los particulares podrán abrir actividades generadoras de empleo sin más intervención administrativa que su mera comunicación», ha dicho.
Así, ha precisado que la reforma será «ambiciosa» ya que buscará «suprimir barreras burocráticas» mediante la extensión del «sistema de comunicación previa a otras actividades distintas de las comerciales, que también tienen una incidencia importante en la generación de empleo y actividad económica».
«Lo quiero dejar muy claro: cualquier pequeño negocio que no precise de una declaración de impacto ambiental podrá acogerse a este novedoso sistema de comunicación previa. Sin más trámites burocráticos, pero sometiéndose a un estricto control personal», ha insistido.
Además, ha asegurado que este proceso de simplificación de la burocracia administrativa también se aplicará a las estructuras municipales, en línea con lo realizado en los últimos ocho años, según ha subrayado.
LA LEY DE AGUIRRE
Esta medida adelantada por Botella llega semanas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid anunciase la futura liberalización total del sector comercial de la región en una Ley que se aprobará a corto plazo y que incluye una agilización de los trámites necesarios para abrir un negocio.
Según el anteproyecto de esta ley, bastará con una «declaración responsable en la que el interesado manifieste que cumple con la legislación vigente, el proyecto técnico que en cada caso proceda y la liquidación de la tasa correspondiente».
Con ello se pretende que los nuevos negocios abran de forma inmediata sin que ello interfiera en los ingresos de los ayuntamientos, ya que posteriormente el interesado tendrá que obtener la correspondiente licencia definitiva.
«El objetivo es agilizar la puesta en marcha de los nuevos negocios sin que se afecten para nada las competencias municipales y los ingresos de los ayuntamientos, que tendrán que seguir ejerciendo sus funciones de control urbanístico y cobrando las tasas por la expedición de la licencia correspondiente», aclaró el vicepresidente regional, Ignacio González, al presentar esta iniciativa a mediados del pasado mes de octubre.
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