El magistrado del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, José Francisco Pérez, en funciones de guardia, ha decretado prisión bajo fianza de 300.000 euros para la ex concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Palma y ex número 2 de UM, Cristina Cerdó, así como de 100.000 euros para la ex coordinadora de este departamento, Paula Cortés, quienes han prestado declaración a lo largo de una maratoniana jornada de comparecencias en los Juzgados de Vía Alemania en el marco de la operación Picnic.
Para ambas, el magistrado, que no ha dictado ninguna otra medida cautelar contra ellas, ha dado hasta las 11.00 horas del próximo jueves para depositar las cauciones que les permitan eludir su ingreso en la cárcel y que coinciden con las solicitadas por los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán. Asimismo, les imputa los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento, negociaciones prohibidas y fraude a la Administración.
Cerdó y Cortés han abandonado las dependencias judiciales cerca de las cuatro de la madrugada acompañadas por sus abogados, Ángel Aragón y José Manuel Valadés, respectivamente, tras un largo día en que han sido puestas a disposición judicial por la mañana y posteriormente interrogadas por el juez y los fiscales hasta aproximadamente las 14.00 horas. Cabe recordar que la primera, recién aterrizada en Palma, se personó de forma voluntaria en la madrugada del lunes en dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde fue arrestada, mientras que Cortés fue detenida el pasado viernes y permaneció en los calabozos hasta agotar el plazo de 72 horas que una persona puede estar detenida.
La llegada de Cerdó, que salió esposada junto a Cortés del furgón policial, causó sorpresa entre los numerosos periodistas y cámaras que aguardaban la única aparición de la ex coordinadora. Como también causó sorpresa la irrupción en los Juzgados del ex conseller de Deportes y Juventud del Govern, Mateu Cañellas, también en calidad de detenido, aunque en su caso tras ser arrestado en su domicilio, desde donde fue conducido directamente hasta las dependencias judiciales para ser interrogado.
Durante más de tres horas, el ex atleta, también imputado junto a Cerdó y Cortés en el caso Maquillaje, se ha desvinculado de los hechos investigados en este nuevo caso de presunta corrupción, centrado en la supuesta captación con fondos públicos de nuevos militantes de UM, que este lunes ha acordado su disolución a tenor de las numerosas causas que pesan sobre el partido.
Mientras tanto, también han sido interrogados como encausados dos funcionarios del Ayuntamiento, Rosa María Llinàs y Antoni Quetglas, para quienes posteriormente el juez ha acordado el archivo de su imputación. De igual forma ha prestado declaración como inculpado un transportista de Sóller, Miquel Arbona, y una testigo. Finalizadas las cuatro comparecencias, otra de las sorpresas de la jornada se producía en torno a las 23.15 horas, cuando el presidente de UM, Josep Melià, y su secretario general, Joan Monjo, aparecían en los Juzgados coincidiendo con la puesta en libertad con cargos y sin medidas cautelares de Cañellas.
Como representantes legales de la formación nacionalista, el Ministerio les ha transmitido su petición de fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para el partido, respecto a lo cual el juez no se ha pronunciado por el momento. Tras serles notificada esta solicitud, Melià ha querido dejar claro a los medios congregados que la caución ha sido reclamada a causa de unos hechos que afectan «a la antigua UM y a su antigua cúpula». La causa, en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, continúa bajo secreto de sumario.
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