Una vez resuelto el problema de las disidencias internas en torno a la reforma constitucional para incluir un límite de déficit, el PSOE se propone recabar apoyos de los partidos minoritarios. La formación de Ferraz y la de Génova se empeñan en obtener su respaldo, conscientes de que «algunas de las cosas» que CiU y otros grupos piden a cambio son «difíciles de incorporar en este proceso», afirmó José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno. Éste considera que los convergentes están haciendo «una interpretación incorrecta» del «impacto» que tendrán los cambios en «el autogobierno y la autonomía financiera» y tratará de explicarles que las novedades no están relacionadas «con la distribución territorial del poder».
El jefe del Ejecutivo ha contactado por teléfono con los portavoces y los dirigentes de los partidos minoritarios, en especial, con CiU y PNV, en busca de su respaldo para sacar adelante la reforma constitucional con el máximo consenso posible. Todos ellos tienen hasta este jueves para presentar sus enmiendas parciales.
Los jeltzales reclaman que se incluyan el derecho a decidir y un reconocimiento a los territorios forales, para que puedan emitir deuda. Los convergentes piden que la Carta Magna recoja los límites a la solidaridad. PP y PSOE harán todo lo posible para lograr los apoyos, aunque Zapatero reconoce que hay «algunas cosas difíciles de incorporar en este proceso de reforma».
No obstante, el presidente señaló este miércoles que sus propuestas podrían tener «algún espacio» en el posterior desarrollo legislativo, que «tendrá un trámite de diálogo y negociación». Zapatero considera que CiU está de acuerdo «con el fondo» de los cambios, el principio de estabilidad financiera. En su opinión, las discrepancias convergentes tienen que ver con su «configuración normativa».
El dirigente piensa que la formación catalana está haciendo «una interpretación incorrecta» del «impacto» que tendrá la reforma en «el autogobierno y la autonomía financiera» de su Comunidad. El socialista aclaró que el proceso no tiene que ver «con la distribución territorial del poder», sino que trata de llevar a la Constitución «lo que hay en la ley» para «hacer más fuerte» el principio de estabilidad presupuestaria en «el conjunto de las administraciones».
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