La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exviceconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha asegurado su «absoluta inocencia» con respecto a los delitos imputados en el caso de los supuestos expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, después de conocerse que la juez Mercedes Alaya le ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones de euros, ante lo que considera que «queda totalmente fuera de lugar la imposición de fianza civil justo antes de que se resuelva el recurso» presentado, por lo que ha anunciado que recurrirá esta medida cautelar.
Álvarez ha recordado que su imputación no es firme y ha reiterado su «total colaboración con la Justicia y con la investigación.
En una nota, Álvarez, que no quiso entrar en detalles sobre el fondo del asunto, reiteró su «absoluta inocencia» con respecto a los delitos imputados, y su «plena confianza» en que la Justicia decidirá finalmente en consecuencia.
Asimismo, ha manifestado que su imputación no es firme, ya que «está pendiente de un recurso de apelación presentado ante la Audiencia y cuya fecha de deliberación está fijada para el próximo 23 de abril». Ha recordado en ese sentido que un primer auto de imputación, con fecha de 28 de junio de 2013, «fue declarado nulo de pleno derecho por este mismo órgano jurisdiccional», por lo que considera que «queda totalmente fuera de lugar la imposición de fianza civil justo antes de que se resuelva dicho recurso sobre el fondo del asunto, sobre si existe o no delito».
Por otro lado, ha destacado el hecho de que, «en ningún momento, ni el Ministerio Fiscal, ni la Junta de Andalucía, ni la Abogacía del Estado consideraron necesaria ni oportuna la adopción de medida cautelar alguna».
«DILACIÓN INEXPLICABLE» Y MEDIDA «DESPROPORCIONADA»
Además, ha señalado que han transcurrido seis meses desde que prestó declaración ante la juez por segunda vez y cree que dicha «dilación» resulta «inexplicable desde un punto de vista de seguridad jurídica, tratándose además de una medida a todas luces desproporcionada».
Álvarez ha asegurado que su actitud «ha sido en todo momento de colaboración total con la investigación, personándome incluso antes de ser oficialmente notificada, acudiendo a declarar en dos ocasiones y contestando a todas las preguntas que se me han formulado».
Ha recordado asimismo que la propia juez en el auto en que establece la medida, reconoce que «el uso que le dio la Consejería de Empleo a estos fondos públicos, no era responsabilidad de los inculpados a los que se refiere la presente resolución, pero para llegar a instaurar este procedimiento y disponer de gasto público, el paso previo sería lograr dichos créditos presupuestarios, las transferencias de financiación, actuación en la que se incardinaría la participación de éstos».
Por tanto, ha indicado que la juez «sitúa la comisión de los supuestos delitos en el mero acto de presupuestar las transferencias de financiación, esto es, en la articulación de los instrumentos presupuestarios que luego llena de contenido económico cada consejería».
Ha recordado que dichos créditos presupuestarios «fueron aprobados posteriormente en la Ley de Presupuestos por el Parlamento de Andalucía, y las modificaciones presupuestarias recibieron el informe positivo, en todos los casos, de la Cámara de Cuentas».
Por último, Magdalena Álvarez ha insistido en que su situación procesal «no ha cambiado ni se ha aportado prueba alguna que sustente mi involucración en este caso», ha asegurado que piensa recurrir esta medida cautelar, y asevera que seguirá trabajando «para defender mi inocencia y colaborando con la Justicia».
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