Los ministros de Interior de la Unión Europea no han logrado este lunes la unanimidad necesaria para dar su respaldo político al plan de la Comisión Europea para reubicar a 120.000 demandantes de asilo llegados inicialmente a Italia y Grecia; y aplazan la decisión a su próxima reunión del 8 de octubre.
Una «gran mayoría» de países se han mostrado «comprometidos con el principio» de dar acogida a estos refugiados, según ha informado en una rueda de prensa final el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo y presidente de turno de la UE, Jean Asselborn.
Sin embargo, las dudas de «algunos países, pocos», han impedido el acuerdo, según explicó el ministro español, Jorge Fernández Díaz, que ha recalcado que España no planteó «ninguna reserva» al documento.
Las referencias a que el programa de reubicación fuera obligatorio ha sido uno de los problemas para el consenso, según han indicado fuentes diplomáticas, que han apuntado al grupo de Visegrado (Polonia, Hujngría, República Checa y Eslovaquia) y Letonia como las delegaciones que han bloqueado el pacto.
La negativa de algunos gobiernos a dar acogida a refugiados musulmanes, tal y como advirtieron semanas atrás países como Eslovaquia, ha sido otro de los problemas, a tenor de lo dicho por Asselborn al término del Consejo.
«Países pequeños como Luxemburgo pueden aceptar a algunos centenares de personas que no tienen la religión cristiana o tienen un color diferente de piel, y eso debería servir también para grandes países como Polonia, República Checa o Eslovaquia», ha declarado el luxemburgués. «Hay que vencer ese miedo y aún no todos están ahí», ha añadido.
Los ministros de Alemania y Francia habían anunciado de manera prematura el acuerdo horas antes de que concluyera la reunión, algo que «no ha ayudado» a superar los últimos escollos, según ha revelado un alto funcionario partícipe de las negociaciones.
En la reunión, además, el eje francoalemán insistió en la necesidad de reforzar los controles en las fronteras exteriores de la UE y en implantar de inmediato los centros de registro de demandantes de asilo (‘hot spot’) en Italia y Grecia, como requisito previo a comenzar la reubicación de los refugiados que reciben.
Al frustrarse el acuerdo, el texto sobre el que trabajaban los ministros ha quedado en una declaración de la Presidencia luxemburguesa que recoge el compromiso de una mayoría de estados miembro con el proyecto. El objetivo es avanzar en el trabajo técnico durante las próximas semanas, de cara a perfilar un acuerdo definitivo en la próxima reunión de ministros de Interior, el 8 de octubre.
Aunque las normas de la UE exigen unanimidad para cerrar un texto que dé respaldo político a una decisión, en la práctica no será necesaria dicha unanimidad para acordar el programa y bastará que los países favorables sumen una mayoría cualificada.
El presidente del Consejo, Donald Tusk, amenazó días atrás con convocar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en septiembre si no se producían avances de calado en la cita del lunes. Asselborn, sin embargo, ha recalcado que el consejo de ministros europeos puede tomar decisiones sin necesidad de unanimidad y que, en este caso, cuenta con una mayoría «muy, muy amplia».
PROGRAMA DE REUBICACIÓN
Pese a estas diferencias, los ministros sí han logrado un acuerdo unánime para activar el primer programa de reubicación de demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia, para el que Bruselas quiere 40.000 plazas. Por el momento, los estados miembro sólo han comprometido 32.000, incluidas 1.300 para España.
Los países tienen hasta final de año para pactar «entre todos» el reparto de las 8.000 plazas restantes para lograr el objetivo de reubicar a 40.000 personas con derecho a la protección internacional.
Mientras, Alemania es el único país que ha notificado formalmente a la Comisión Europea la reintroducción de manera temporal de controles sistemáticos en la frontera, aunque fuentes comunitarias dan por hecho que Austria lo hará próximamente. Otros como Países Bajos han reforzado la vigilancia, pero no introducido controles sistemáticos, lo que les permite actuar sin la opinión de Bruselas.
El comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha quitado hierro a la reintroducción de estos controles y ha afirmado que «no es el final de Schengen», en referencia al tratado que regula la libertad de movimiento en el espacio europeo.
De acuerdo a las normas de este tratado, Alemania puede mantener estos controles durante diez días, prorrogables hasta dos meses. La presión migratoria no puede ser utilizado como argumento para activar esta medida, según fuentes comunitarias, pero Bruselas ha avalado este paso porque considera que se dan las circunstancias «excepcionales» que sí prevé Schengen.
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