La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el extesorero del Partido Popular (PP) Álvaro Lapuerta se siente en el banquillo de los acusados en el primer juicio por las actividades de la trama ‘Gürtel’ para valorar entonces si el imputado se encuentra en plenitud de sus «facultades intelectivas y cognitivas».
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, rechazan el recurso de reforma presentado por la defensa del antiguo responsable de las finanzas ‘populares’ contra el auto de apertura de juicio oral, que el juez Pablo Ruz dictó el pasado 26 de noviembre.
Las representantes del Ministerio Público señalan que será «al inicio del juicio oral» cuando proceda examinar «el eventual deterioro de las facultades intelectivas y cognitivas del imputado y, en su caso, el archivo de las actuaciones», como sostiene la defensa de Lapuerta.
Además, las fiscales rechazan que la imputación del extesorero por la adquisición de acciones de Libertad Digital con dinero presuntamente proveniente de la ‘caja B’ del PP «no tienen como único fundamento las declaraciones de Luis Bárcenas sino también la numerosa documentación que sobre esa operación obra en la causa».
Esta documentación «acredita indiciariamente», según Anticorrupción, la participación de Lapuerta «en esa operación, en la entrega de fondos y en el seguimiento de las transmisiones de las acciones, llegando incluso a suscribir acciones en su propio nombre».
PRIMER JUICIO
Ruz acordó transformar las actuaciones en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, sobre los hechos de la primera época de la red (1999-2005) y propuso sentar en el banquillo a 43 personas, entre las que se encuentran los extesoreros del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís.
La causa también continúa contra el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los presuntos líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo; los exalcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y el exdiputado Jesús Merino.
El juez imputa indiciariamente a estas 43 personas los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
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