Nov 072014
 

fotonoticia_20141107071730_380_219_168 El Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que agrupa a partidos, instituciones y entidades favorables a la consulta independentista en Cataluña, se reunirá por cuarta vez este viernes en el Parlament para buscar cómo afianzar el 9N tras la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional (TC) y el rechazo del Tribunal Supremo (TS) a suspender el recurso del Gobierno contra el proceso participativo.

El coordinador del Pacte, Joan Rigol, ya avanzó que la celebración del 9N será el único punto en el orden del día del encuentro, que empezará a las 11.00 horas y que tiene lugar dos días antes de la fecha prevista para la votación.

Con la determinación del Govern de seguir adelante con la votación, en el encuentro se prevé debatir si la organización del 9N debe seguir pilotándola la Generalitat o la delega totalmente en las entidades de la sociedad civil, tales como la ANC y Òmnium Cultural.

Sin embargo, la opción de que la organización de proceso de participación recaiga en las entidades sociales no es compartida por ERC, cuyo presidente, Oriol Junqueras, ha manifestado este mismo jueves que debe hacerse «entre todos, y es evidente que el Govern también».

Precisamente, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este jueves que la Abogacía del Estado está analizando las actuaciones de la Generalitat por si incumple la suspensión del proceso participativo dictada por el TC, y ha asegurado que no actuará mientras el Govern no intervenga en el nuevo 9N.

Además, 161 cargos electos de CiU, ERC, ICV-EUiA en los ayuntamientos y las diputaciones catalanas, el Parlament, el Congreso, el Senado y la Eurocámara firmaron un manifiesto que enviarán a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, a la CE, al Consejo de Europa y a la OSCE para que lleven a cabo «todas las actuaciones necesarias» para garantizar que los catalanes puedan decidir democráticamente su futuro político.

En la última reunión del Pacte del Dret a Decidir, el viernes 24 de octubre, se acordó una declaración en los que sus integrantes se comprometían «a trabajar unitariamente para que el 9 de noviembre signifique una gran movilización» del pueblo catalán.

También admitía que el nuevo formato de votación tiene «sus limitaciones», en alusión velada a que no es la consulta que se impulsó inicialmente, y sentencia que los votos emitidos el 9N deben reforzar el sentido participativo de los ciudadanos en este proceso.

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