Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha llegado en taxi a la Audiencia Nacional media hora antes de su declaración ante el juez Pablo Ruz, que le preguntará si cobró «comisiones ilegales» a cambio de su intermediación en la adjudicación de contratos públicos que habrían camuflado como supuestos trabajos de asesoría.
El compareciente, que vestía traje y llevaba gafas de sol, ha entrado en la sede judicial unos minutos antes de las nueve y media de la mañana en compañía de su abogado, Cristóbal Martell, y otra persona.
El magistrado, que atribuye indiciariamente a Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés, un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, realizará este interrogatorio en el marco de la causa en la que investiga pagos por al menos ocho millones de euros que el matrimonio habría recibido de sociedades que fueron adjudicatarias de contratos públicos en Cataluña.
Ruz investiga, según un auto dictado en febrero pasado, las transacciones que 17 empresas del ámbito de la construcción y los servicios que «directa o indirectamente» declararon «ingresos procedentes de distintos organismos públicos de Cataluña» realizaron a las sociedades Iniciatives, Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Inter Rosario Port Services, Active Translation e Iberoamericana de Business and Marketing, propiedad de Pujol Ferrusola y su esposa.
«MILLONARIAS COMISIONES NO JUSTIFICADAS»
Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que obra en el procedimiento, los imputados habrían recibido estas «millonarias comisiones no justificadas» por intermediar supuestamente en operaciones urbanísticas e inmobiliarias, participar en la compra y venta de participaciones mercantiles y ofrecer asesoramiento sobre distintos negocios.
Entre los proyectos en los que Pujol Ferrusola habría demostrado los «excelsos conocimientos que sustentarían los pagos», según refiere la UDEF, se encuentran la construcción de un centro de tratamiento de residuos en México y un sistema de red eléctrica en Gabón, la ampliación de una refinería en Cartagena (Murcia), la edificación de un hotel en Ibiza o la recalificación de varios solares en Palamós (Girona) y L’Hospitalet (Barcelona).
Durante la instrucción, los investigadores interrogaron a los representantes de las empresas pagadoras. Entre los testimonios que recogieron destaca el de Laura Cutillas, apoderada de la empresa Focio, que aseguró que el suegro de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés, le exigió un 3 por ciento de los 30 millones de euros por los que se vendieron unas fincas en L’Hospitalet.
Ruz también rastrea la adquisición por parte de Pujol Ferrusola de once vehículos de alta gama de marcas como Porsche, Ferrari, Jaguar, Lotus, Mercedes Benz o Lamborghini. Según la UDEF, el hijo del exjefe del Gobierno catalán se hizo con un Jaguar FFY valorado en al menos 80.000 euros por apenas 3.600 o con un Porsche 911 S por 2.800. En el caso de otros tres vehículos, pagaba una prima única anual por el seguro de entre 45 y 60 euros.
El juez, que también interrogará el martes a una testigo, abrió este procedimiento a finales de 2013 tras recibir una denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez. Ésta aseguró el pasado 17 de enero ante el juez que acompañó al hijo mayor del exmandatario catalán a Andorra para trasladar una mochila llena de billetes de 500 euros.
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