La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez, una medida cautelar que «tiene una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta».
En un auto, la juez Mercedes Alaya impone además una fianza civil de 22.176.096,89 euros al exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro, y de 8.870.438,76 euros al exsecretario general de Hacienda andaluz entre 2000 y 2004 Antonio Estepa.
En la resolución, contra la que cabe recurso, la juez concede a los tres imputados el plazo de una audiencia, a contar desde el siguiente día a la notificación del auto, para la prestación de la fianza, advirtiendo de que ordenará el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades si no se abona la fianza en dicho plazo.
Hay que recordar que, en la primera de las dos comparecencias de Magdalena Álvarez ante la juez, celebrada el 8 de octubre de 2013, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta solicitaron medida alguna para la imputada, mientras que la acusación que ejerce Manos Limpias pidió que se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 125 millones, más el tercio legal previsto.
En el caso de Magdalena Álvarez, imputada por dos presuntos delitos de malversación y prevaricación, la instructora toma como base para fijar la fianza civil las ayudas «efectivamente abonadas» hasta el 31 de diciembre de 2003, una cuantificación «realizada a groso modo» dado que su cargo «perduró hasta el 7 de febrero de 2004», precisando que el importe de las mismas asciende a 177.408.775,22 euros.
«Por razón de sus competencias y responsabilidad en los hechos, compartida principalmente con la Consejería de Empleo», la juez cuantifica la fianza civil referente a la exconsejera en 2/8 de dicha cifra, lo que son 22.176.096,90 euros más el tercio legal previsto.
La juez deja claro que la participación atribuida a la exministra «igualmente se aprecia en otros miembros de su Consejería, como el viceconsejero, el secretario general técnico y el director general de Presupuestos, así como de los responsables de la Consejería de Empleo».
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