El Ministerio de Justicia no prevé cambios sustanciales en la Ley orgánica de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, un texto que remitirá este viernes, 10 de enero, a los órganos preceptivos para que informen el anteproyecto, así como a las comunidades autónomas con competencias en Sanidad, según han informado fuentes del Ministerio de Justicia. En todo caso, las mismas fuentes si prevén cambios más pequeños en la norma, como ocurre en todas las que son sometidas al trámite parlamentario.
En cuanto a la regulación que afecta a la malformación del feto, cuyo supuesto independiente se ha eliminado del texto y se ha ligado al riesgo para la integridad psicológica de la madre, el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón no cree que se deba modificar y considera que se ha comprendido mal su nueva redacción.
En este sentido, explica que lo que se ha hecho, tal y como, a su juicio, exigen tanto la sentencia del Tribunal Constitucional como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es confrontar dos derechos porque no se puede utilizar el simple hecho de la malformación para justificar un aborto. Así, señalan que se ha optado por confrontar en estos casos el derecho a la integridad psíquica de la madre con el derecho a la vida del nasciturus.
Del mismo modo, tampoco consideran que en principio se puedan rebajar los requisitos exigidos en este caso, es decir, que un informe firmado por dos facultativos acredite el riesgo para la salud psíquica de la madre y que otro informe acredite el estado del feto.
En relación a la petición del presidente del Gobierno al ministro de Justicia de que busque acuerdos con aquellos que dentro del PP muestran recelo o discrepancias con la reforma, el Ministerio ha avanzado que a partir de este viernes el texto será remitido a los órganos que preceptivamente tienen que informarlo, como el Consejo de Estado del Consejo Económico y Social el Colegio de Médicos y Enfermeros.
Asimismo, será remitido a las comunidades autónomas que tienen competencia en Sanidad, es decir, todas salvo Ceuta y Melilla. A través de ese trámite, Justicia considera que se podrán solventar todas las consultas y dudas que suscite el proyecto y llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas.
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