El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha desvelado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes un paquete de medidas de regeneración democrática que pretenden mejorar la lucha contra la corrupción. Él mismo había avanzado el pasado 1 de agosto en el Senado, en una sesión plenaria centrada en el ‘caso Bárcenas’, que esas iniciativas se impulsarían en septiembre.
Rajoy ha hecho este anuncio en la sesión de control del Congreso, en respuesta al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que ha acusado de no apoyar al Gobierno en la Ley de Transparencia y ha augurado que ahora tampoco lo hará en el paquete de medias de regeneración. Además, ha expresado su confianza en que el Partido Socialista no «boicotee» la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre esas medidas para mejorar la lucha contra la corrupción figura la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los partidos; la Ley reguladora del ejercicio de las Funciones Políticas; la reforma de la Ley de Contratos del Sector Públicos; la modificación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; y la reforma del Código Penal.
Fuentes gubernamentales consideran que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente también este viernes la reforma del Código Penal, que endurecerá los tipos para delitos relacionados con la corrupción y que incluye entre sus principales novedades la prisión permanente revisable para terroristas y casos de asesinato especialmente graves por la indefensión de la víctima.
PAQUETE NORMATIVO QUE AFECTA A SEIS LEYES
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya presidió el pasado 3 de septiembre en el Palacio de la Moncloa una reunión del Grupo de trabajo para la Regeneración Democrática que analizó los borradores de los textos normativos que conformarán el Plan de Lucha contra la Corrupción. El objetivo es dar «más control y más transparencia a la actividad pública», según el Ejecutivo.
Ese grupo de trabajo, que arrancó el pasado mes de marzo bajo la coordinación del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, cuenta con la participación del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como con representantes de los ministerios de Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía y Competitividad e Interior.
Hace un par de semanas Sáenz de Santamaría ya señaló que este mismo mes de septiembre se elevaría al Consejo de Ministros un informe con esas medidas anticorrupción, para abrir inmediatamente después un proceso de diálogo con los grupos parlamentarios.
COMPARECENCIAS PARLAMENTARIAS DEL TESORERO DE LOS PARTIDOS
Entre estas medidas destaca la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos, que contendrá el procedimiento obligado de aprobación de cuentas en los estatutos de todos los partidos.
Además, regulará la figura del responsable de la gestión económica-financiera de los partidos y su comparecencia anual ante el Parlamento, así como los procedimientos de contratación por parte de los partidos, la obligación de depositar las cuentas de los partidos en registro público, la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la publicidad de las subvenciones, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.
El Gobierno trabaja también en la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público con la que se «fortalecerá el régimen de prohibiciones de contrataciones con el sector público a todas las personas -tanto físicas como jurídicas- condenadas por delitos relacionados con la corrupción».
Otro texto regulará por ley las Funciones Políticas para establecer las retribuciones de los cargos públicos de la Administración General del Estado, regular la publicación de las declaraciones tributarias de bienes y de actividades de los mismos y la realización de auditorías de su situación patrimonial al final de su mandato.
Dentro de ese paquete normativo se encuentra también la modificación de la Ley de Prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, un texto que ha preparado el Ministerio de Economía y Competitividad.
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