El Gobierno tiene previsto dar luz verde durante el Consejo de Ministros de este viernes al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva trabajando más de un año y que ha suscitado el rechazo del PSOE y del resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos.
La conocida como reforma local, que persigue reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante la introducción del denominado coste estándar, al que deberán ajustarse los municipios, podría suponer un ahorro de más de 7.000 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.
La aprobación del proyecto de ley por parte del Gobierno llega después de que el Consejo de Estado emitiera un informe que incluía advertencias sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía local y criticaba la regulación del coste estándar, el coste al que deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.
Según explicó el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dicho informe no era contrario a la reforma sino que reconocía la capacidad del Gobierno para regular la materia. No obstante, sí reconoció que incorporaba diversas recomendaciones que el Gobierno tenía intención de estudiar de cara a incluirlas en el texto definitivo.
REDACCIÓN MÁS EXHAUSTIVA DEL COSTE ESTÁNDAR
En este sentido, avanzó que, entre otros aspectos, se dará una redacción más exhaustiva al citado coste estándar. Según Beteta, ya estaba previsto detallar este mecanismo, pero a través de un decreto ley posterior; al solicitarlo el Consejo de Estado, este desarrollo normativo se incluirá ahora en el proyecto.
«Se tendrá en cuenta al calcular el coste el número de habitantes, la dispersión, las características del municipio, la densidad; en definitiva, reconocer que en una España variada con 8.117 municipios, de los que solo 400 tienen más de 20.000 habitantes, los costes son necesariamente diferentes. Lo pensábamos regular en una norma de desarrollo, lo incluiremos en esta», afirmó, para añadir que todos estos aspectos con los que se definirá el coste estándar se han tratado ya con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Asimismo, defendió que el órgano consultivo avaló asuntos clave de la reforma, como la potestad del Estado para «definir» las competencias municipales, la supresión de las competencias impropias o la obligación de formalizar convenios y de pagarlos para el traspaso de competencias y servicios entre administraciones.
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