El Consejo de Ministros prevé dar luz verde este viernes a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por la tasa de un euro por receta aprobada por el Ejecutivo madrileño y que se aplica en la Comunidad de Madrid desde el pasado 2 de enero, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.
Aunque el Consejo de Ministros dará vía libre mañana a esa decisión, no se presentará todavía el recurso ya que el Ejecutivo está a la espera del informe del Consejo de Estado, que llegará en una o dos semanas, han señalado las mismas fuentes.
El Ministerio de Sanidad ya realizó los informes pertinentes en los que se puede basar el recurso y remitió toda la documentación al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha solicitado un informe al Consejo de Estado.
Así, las fuentes consultadas calculan que el Gobierno abordará este asunto este mismo de enero, sin descartar que pueda ponerse encima de la mesa en el primer Consejo de Ministros del año, que tendrá lugar después de las vacaciones Navideñas, el 11 de enero.
En el caso del euro por receta de Cataluña, que entró en vigor el 23 de junio, el Gobierno abrió una larga negociación con la Generalitat para intentar alcanzar un acuerdo y evitar el recurso ante el TC. Pero ahora el Gobierno da por hecho que esos plazos no se agotarán con el Ejecutivo madrileño.
«VULNERA LA NORMATIVA ESTATAL»
El pasado 14 de diciembre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, anunció el recurso contra el euro por receta de Cataluña, en el que se pedía además la suspensión de esta tasa.
La portavoz del Ejecutivo argumentó que esta medida «vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos», al tiempo que «perjudica» la igualdad de los españoles, ya que «grava por dos veces» la adquisición de medicamentos.
El informe que elaboró entonces el Consejo de Estado sostiene que las comunidades autónomas no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios, según establece la Constitución en su artículo 149.
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