Los trabajadores de Renfe, Adif y Feve están convocados a secundar una jornada de huelga de 24 horas este viernes, 3 de agosto, coincidiendo con los desplazamientos masivos con motivo de las vacaciones, en protesta por el proceso de la liberalización aprobado por el Gobierno.
Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento garantizan la circulación de tres de cada cuatro trenes AVE (el 75%) y de Larga Distancia de los inicialmente programados, el 67% de los de Media Distancia y hasta el 60% de los de Cercanías.
Asimismo, el Departamento, a través del secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha apelado a la «responsabilidad» de los sindicatos para que «sean conscientes del perjuicio de estos paros» ocasionan, «sobre todo en un viernes del mes de agosto, a la economía, al turismo y a la propia Renfe». Fomento estima en entre 3 y 4 millones de euros el impacto de la huelga en la operadora pública.
De su lado, los sindicatos convocantes (CC.OO., UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario y Sindicato de Circulación) advierten de la convocatoria de más movilizaciones en contra de la reforma del sector ferroviario, además de confirmar una segunda jornada de huelga para el próximo 17 de septiembre, en tanto el Ministerio de Fomento no cambie su actitud. Según argumentan, «el ferrocarril es patrimonio de todos» y no están «dispuestos a derogar el modelo actual».
Los sindicatos muestran así su rechazo al proyecto de reforma ferroviaria aprobada por el Gobierno que fija en julio de 2013 la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren y contempla la división de Renfe en cuatro empresas y la integración de la actual Feve en Renfe y Adif.
«REFORMA NECESARIA»
En este sentido, el secretario de Estado de Infraestructuras de Fomento defendió la «necesidad» de abordar esta reforma, con el fin de garantizar la viabilidad del ferrocarril dado que, su «situación actual es insostenible».
«Los tres operadores (Adif, Renfe y Feve) suman una deuda altísima (20.700 millones), existen vías con una muy baja ocupación y un mantenimiento muy costoso, estaciones con pocos viajeros y trenes que no se usan», explicó Catalá. «Parece razonable abordar un proceso de mejora y modernización, y apostar por un servicio ferroviario público y de calidad», apuntó en declaraciones a los medios.
Catalá aseguró que, además, en el marco de este proceso, existe una negociación abierta con los sindicatos. «Estamos sentados con ellos negociando un proceso de mejora que pretende garantizar la viabilidad de un servicio ferroviario que, si no tiene viabilidad propia, hay que financiarlo con los impuestos de los españoles», apuntó.
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