La Audiencia Nacional ha condenado a 34 años de prisión a Mikel Mirena Otegi por el asesinato en 1995 de los ertzainas Iñaki Mendiluze y José Luis González en la localidad guipuzcoana de Itsasondo. El tribunal presidido por el juez Fernando Grande-Marlaska le considera culpable de la comisión de dos delitos de asesinato terrorista en concurso con uno de atentado.
El tribunal le ha absuelto, no obstante de la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista, amenazas y coacciones y le ha aplicado la atenuante de consumo excesivo de alcohol. La Fiscalía solicitaba en su contra un total de 70 años, incluyendo estos últimos delitos.
Otegi ya fue juzgado y absuelto por estos hechos en 1997 por un jurado popular de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ordenó repetir el juicio con una decisión que fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2004.
El acusado permaneció huído hasta 2003, momento en que fue detenido en Francia. Allí cumplió condena hasta su entrega a las autoridades españolas en 2009. La Audiencia Nacional se declaró entonces competente en esta causa después de que la Audiencia Provincial de Guipúzcoa decidiera inhibirse en su favor al considerar de los delitos cometidos por Otegi tuvieron un carácter terrorista.
Otegi protagonizó el 10 de diciembre de 1995, tras pasar la noche de juerga, un altercado en un bar con un miembro de la Ertzaintza que se encontraba fuera de servicio. Después de la pelea, el acusado se dirigió a velocidad excesiva al caserío donde vivía. Su extraña forma de conducir llamó la atención de una patrulla de la Ertzaintza compuesta por los agentes José Luis González Villanueva, de 34 años, y Jesús Mendiluce, de 26, que prestaban servicio de rutina en la zona.
«HE MATADO A DOS ZIPAYOS»
Cuando Otegi vio a los dos agentes adentrarse en su propiedad salió al exterior del caserío e hizo dos disparos contra ellos con una escopeta semiautomática. Los ertzainas no tuvieron la oportunidad de reaccionar y murieron en el acto. Tras cometer los dos asesinatos el condenado envió un mensaje a través de la radio del coche patrulla en el que dijo que un casero había matado a «dos zipayos» por la política que seguían.
Otegi, que había participado ya en anteriores enfrentamientos de las juventudes radicales con la Ertzaintza, fue detenido poco después de realizar los disparos en su propia casa y gracias a la llamada de denuncia realizada por su propio hermano. Sin embargo, y al no considerarse un crimen terrorista, fue procesado en el País Vasco.
La sentencia de la Audiencia Nacional concreta ahora que en la fecha en que asesinó a los dos agentes «simpatizaba con la ideología propia de la izquierda abertzale» aunque no ha quedado acreditada su pertenencia a Jarrai o a cualquier otra organización afín a ETA.
«Fruto de dicha ideología y del aborrecimiento de quienes la integran a las fuerzas del orden, y, en el caso del acusado, a la Policía Vasca con la que había tenido distintos incidentes, había desarrollado la convicción de que la policía le acosaba por su ideología, lo que no era cierto», dice la resolución.
Los magistrados agregan que Otegi tiene un carácter «impulsivo propenso a reacciones furibundas y poco meditadas» lo que –precisan– no afecta a sus facultades intelectivas y volitivas que conserva plenamente, aunque pudieron verse disminuidas aquel día por la ingesta de alcohol.
Sobre este último punto el tribunal precisa que a pesar de que el consumo de esa noche no se produjo en cantidades significativas para producir un grave deterioro de sus facultades cognitivas, «actuó sobre sus frenos inhibitorios lo que, unido a su temperamento explosivo, limitó su habitual capacidad de control de sus actos disminuyéndola levemente».
Además de la pena de prisión, los magistrados han impuesto a Otegi el pago de una indemnización de 500.000 euros para la mujer y la hija de uno de los agentes y de 300.000 para los padres del otro fallecido.
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