El rescate de hasta 100.000 millones de euros que el Eurogrupo ha ofrecido a la banca española podrá paralizarse si el Gobierno incumple los objetivos de reducción del déficit y las reformas exigidas por la Comisión Europea el pasado 30 de mayo, entre las que se encuentran subir el IVA, eliminar la deducción por vivienda o acelerar el retraso de la edad de jubilación.
El plan de ayuda llevará aparejadas una serie de requisitos, que todavía deben negociarse, centrados en el conjunto del sector bancario y no únicamente en las entidades rescatadas. Pero además, la Comisión y los países de la eurozona vigilarán que España prosiga con las reformas y ajustes recomendados por Bruselas, según han explicado fuentes comunitarias.
«Es una ayuda sujeta a condiciones y que será revisada regularmente por aquellos que prestan la asistencia», han explicado las fuentes consultadas. «El Eurogrupo tiene la posibilidad de certificar que se dan las condiciones para seguir prestando esta asistencia o no», han indicado.
De hecho, la adopción de medidas eficaces para corregir de forma acelerada los desequilibrios en las cuentas públicas es un «prerrequisito» a la hora de acceder a ayudas del fondo de rescate para la banca. Los países de la eurozona constataron el sábado que España cumple esta condición y por ello están dispuestos a conceder la ayuda, pero mantendrán la vigilancia durante todo el proceso.
Además, la Comisión -con la colaboración del Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Fondo Monetario Internacional- presentará al Eurogrupo informes periódicos sobre la marcha de la reforma financiera. Si se detecta cualquier incumplimiento en esta área, la ayuda también podrá interrumpirse.
Las condiciones que se impondrán al sector financiero se basarán en primer lugar en las reglas de la UE sobre ayudas públicas. Estas reglas supeditan cualquier ayuda pública a un plan que garantice la viabilidad futura de cada entidad y obligan a disminuir la talla de los bancos beneficiarios, por ejemplo mediante la venta de activos, para limitar las distorsiones de competencia.
Pero también se establecerán requisitos para el conjunto del sector en materia de transparencia y supervisión. «Se trata de limpiar el sector bancario español en su conjunto, inyectando transparencia y eficacia», señalan las fuentes. «Habrá que afrontar cuestiones como la adopción de riesgos excesivos», añaden.
Bruselas espera que el Gobierno español presente «en breve» la solicitud oficial de rescate bancario. A partir de ese momento, realizará otro análisis del sector para determinar sus necesidades exactas de capital y hará una propuesta de condiciones, que debe ser aprobada por unanimidad por el Eurogrupo.
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