El Gobierno tiene serias discrepancias con algunos de los planes de ajuste enviados por las comunidades autónomas para poder acogerse al mecanismo de pago a proveedores, por lo que, dado que ha asegurado que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no dudará en intervenir aquellas comunidades que no puedan cumplir sus obligaciones financieras, si bien no ha especificado a que regiones se refería.
Así lo ha manifestado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso y también en declaraciones a los periodistas tras su intervención, donde ha explicado que las autonomías ya han remitido al Ministerio de Hacienda sus planes de ajuste, los cuales serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebrará en la primera quincena de mayo.
«A partir de ahí se tomarán todos los mecanismos de la Ley de Estabilidad, sin dudar siquiera de la intervención, de la que una comunidad autónoma podrá ser objeto si manifiesta no poder cumplir sus obligaciones financieras. Si queremos generar confianza tenemos que demostrar que nuestra palabra vale algo», ha señalado.
Beteta ha remarcado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas en un plazo de seis meses a partir de que se rechacen los planes de ajuste por no cumplir los objetivos de déficit. «Si hay que hacerlo se hará, a comunidades autónomas y a corporaciones locales, y no vamos a mirar el color político, sino la necesidad de que se cumpla la ley», ha añadido.
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