El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado que la denominada prisión permanente revisable, que tiene previsto introducir el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy, se aplicará exclusivamente a los delitos de terrorismo. De este modo, el Gobierno descarta la aplicación de esta medida a otros delitos de carácter grave como los cometidos contra menores o violaciones.
En consideración con estos últimos, el ministro ha señalado durante un desayuno informativo organizado por Europa Press que el problema para aplicar la prisión preventiva revisable es la dificultad de acreditar que quienes los cometen no volverán a incidir una vez se encuentre en libertad.
En cambio, en relación con el seguimiento penitenciario de los condenados por delitos terroristas, Ruiz-Gallardón ha manifestado que, pese a los «errores» que pueda presentar cualquier sistema de vigilancia penitenciaria» en éste tipo de conductas sí se puede acreditar fehacientemente «que hay una decisión de abandono de esa actividad terrorista, y por lo tanto el cumplimiento de la reinserción».
Durante el desarrollo del encuentro, al que han acudido, entre otros, los ministros de Defensa Pedro Morenés y de de Fomento, Ana Pastor; además del presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala y numerosos miembros de la Judicatura, el ministro ha especificado que la pena únicamente puede aplicarse a aquellos casos en que «la sociedad considera que no hay años bastantes para que una persona recupere la libertad como consecuencia de la gravedad de los delitos cometidos».
Ha añadido que la aplicación de esta medida es un compromiso incluido en el programa electoral del PP y está vigente en otros países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido. «En contra de lo que muchas veces se ha dicho haciendo caricatura, es cabalmente lo contrario a la cadena perpetua, porque establece un régimen con el mandato constitucional de que la pena tiene que tener una finalidad de reinserción social, y que es eso lo que condiciona la libertad».
Sobre el modo en que se revisará esta prisión permanente, el ministro ha señalado que dependerá del momento del cumplimiento de un mínimo de años que se establecerán en sentencia. «En la legislación europea hay países que establecen un mínimo de 20 o 25 años -ha añadido-, pero tendremos que precisar cuál es. Si la revisión es positiva se producirá la puesta en libertad, y si no es positiva se establecerá otro mínimo antes de la nueva revisión».
Con respecto a los menores, Ruiz-Gallardón ha anunciado que se endurecerán penas como las agresiones sexuales y se reformará la Ley del Menor desde el punto de vista procesal, para evitar la «disfunción» actual del enjuiciamiento en paralelo y en juicios distintos de delitos en los que han incurrido mayores y menores de edad.
El compromiso señalado por el ministro pasa porque la reforma del Código Penal sea remitida a las Cortes antes del verano para que comience su tramitación parlamentaria tras el descanso estival.
DERECHO DE MANIFESTACIÓN SALVAGUARDADO
Preguntado por las medidas contra el vandalismo callejero que ya ha adelantado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el titular de Justicia ha asegurado que en todo caso van a suponer «la defensa de un derecho constitucional como es el de manifestación».
A su juicio, «quien más ataca más el derecho de manifestación son aquellas personas que infiltrándose en manifestaciones legítimas de protesta contra decisiones del Gobierno, y desde una estructura organizada que la Policía tiene perfectamente identificada, realizan agresiones a personas y a bienes públicos y privados».
Según Ruiz-Gallardón, estos elementos incurren en «una auténtica prostitución de lo que es el derecho a la manifestación», y contra ellos se dirigirán las medidas de endurecimiento del Código, «lo que no supone en modo alguno limitar el derecho ni penalizar a sus convocantes al margen de cuál sea su resultado final»
Además, las medidas de no afectarán a la denominada «resistencia pasiva», pues según el ministro irán dirigidas acabar con escenas «que están en las retinas de todos» y que suponen agresiones contra bienes y personas.
En este punto, la visión de Justicia se contradice con lo manifestado por Fernández Díaz, quien avanzó en el Parlamento que incluirá como delito de atentado contra la autoridad «la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad».
JURADO
También se ha referido Ruiz-Gallardón a la modificación de la Ley del Jurado, para la que no ha dado plazos, con el fin de superar algunos defectos de funcionamiento tales como que «en ocasiones a los miembros del jurado se les convoca para pronunciarse sobre supuestos fácticos sino sobre valoración de los mismos que requiere conocimientos jurídicos que ellos no están en disposición de poseer».
Ha defendido que, no obstante, la vigente Ley ha tenido efectos muy positivos, como la puesta en valor de principios como el de la inmediación, «cuando en algunas épocas parecía que lo más importante era el sumario, por encima del juicio oral, y esto no puede ser».
Igualmente se ha referido el ministro al cambio que su departamento emprenderá sobre la figura del fiscal, que adoptará un «nuevo protagonismo en la instrucción de los sumarios» mediante la vinculación a este Ministerio de la Policía Judicial.
«Pero lo haremos sin renunciar nunca a una de las figuras de las que nos sentimos más orgullosos en el ordenamiento jurídico que es el juez de garantías. Ninguna limitación de ningún derecho ni intervención telefónica podrá adoptarse nunca por órgano distinto al juez», ha subrayado Ruiz-Gallardón.
Además, la reforma se hará de forma gradual, de modo que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) «establecerá cuál es el fin del modelo y un plazo para implantarlo». Hacerlo de otro modo obligaría a un aumento de plantilla que, dada la situación de crisis económica, el Ministerio no está en disposición de adoptar.
SECRETO DE SUMARIO
Además, Ruiz-Gallardón ha indicado que cualquier ejercicio disciplinario que se emprenda en relación con las filtraciones del secreto de sumario seguirá correspondiendo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que sólo si se acredita que el autor no ha sido un juez el asunto podría corresponder al Ministerio de Justicia.
Ha vuelto ha insistir en que se establecerá un mes máximo para el secreto y, en caso de necesidad de prórroga, esta decisión será adoptada por un órgano judicial distinto. «Acreditaremos así el concurso de voluntades», ha explicado, tras descartar que las medidas vayan a afectar a la prensa.
Finalmente, el ministro de Justicia ha señalado que las reformas que su departamento lleva más avanzadas son la de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se está revisando en paralelo con la de Demarcación y Planta, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ambos proyectos estarán terminados antes de verano. Igualmente, Justicia trabaja también en un nuevo Código Mercantil que sustituya a nuestro actual Código de Comercio.
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