El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá hoy las reformas laborales alternativas a la del Gobierno que han presentado el PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Esquerra (ERC) y el BNG.
La primera reforma estructural del Gobierno –que convalidó con el apoyo de CiU, UPN y FAC– es también la que mayores críticas ha despertado en buena parte de la oposición, que reprocha al Gobierno haber acabado con 30 años de negociación colectiva y haber desequilibrado las relaciones laborales en favor de los empresarios.
Y es que las principales medidas de esta norma pasan por el contrato indefinido de fomento del empleo con bonificaciones para ciertas contrataciones, la reducción de las indemnizaciones improcedentes, la aclaración de las causas objetivas de despido o la ampliación de la flexibilidad en las condiciones laborales.
La reforma acaba además con la ultraactividad de los convenios, facilita el ‘descuelgue’ para que empresarios y trabajadores puedan negociar sus condiciones en situaciones de dificultad, garantiza el derecho a la formación, modifica los contratos a tiempo parcial, crea por primera vez los contratos de teletrabajo, modifica el papel de las ETT en la colocación y elimina las autorizaciones administrativas de ERE.
Además, estas medidas tampoco cayeron bien en las centrales sindicales, que reprochan al Ejecutivo que no se haya sentado a negociar ni siquiera después de la huelga general y las manifestaciones convocadas por toda España el pasado 29 de marzo.
ENMIENDAS DE TOTALIDAD
Por ello, hasta cinco partidos han presentado enmiendas de totalidad que, al tratarse de una norma derivada de un decreto ley, van acompañadas de una propuesta alternativa de reforma.
Así, el PSOE propone crear un Fondo para el Fomento del Empleo que partiría de una base de mil millones de euros aportados por los Presupuestos Generales del Estado y que podría multiplicarse por ocho mediante las aportaciones de las empresas que hagan EREs y también con fondos que se capten en el mercado. Todo ese dinero serviría para conceder crédito a las pymes por cada nuevo contrato indefinido y en mejores condiciones que las que encuentran en el mercado financiero.
Por su parte, la Izquierda Plural plantea su alternativa en torno a diez puntos, entre los cuales destacan su intención de recuperar el carácter «negociado y pactado» de las flexibilidad en el seno de la empresa, evitar la desregulación de las condiciones de trabajo, acotar las materias que pueden ser objeto de modificación sustancial de forma unilateral por parte del empresario y recuperar el procedimiento de autorización administrativa previa.
Ambos grupos han anunciado que, de no conseguir introducir ningún cambio en el texto normativo, acudirán al Tribunal Constitucional, si bien IU-ICV-CHA deberá hacerlo a través del Defensor del Pueblo al no contar con los 50 diputados preceptivos para recurrir a este órgano judicial.
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