La prima de riesgo española da un respiro a la economía | Rajoy dice que tiene las ideas claras y está abierto al diálogo |
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado este miércoles que el plan de lucha contra el fraude fiscal que aprobará el viernes el Consejo de Ministros prohibirá el pago en efectivo en operaciones de más de 2.500 euros en las que al menos intervenga un empresario profesional.
Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados y en respuesta a una pregunta sobre la amnistía fiscal formulada por el coordinador general de IU, Cayo Lara, el presidente del Gobierno ha avanzado que los que incumplan esta prohibición se enfrentarán a multas del 25% del importe del pago hecho en efectivo.
El Gobierno ya había avanzado que el plan de lucha contra el fraude incluiría limitaciones el uso de dinero efectivo en determinadas operaciones, aunque no había precisado hasta ahora donde se situaría el umbral (sí se habló en su momento de que éste podría ser de 1.000 euros para los autónomos).
Con esta medida se pretende impedir la utilización de dinero negro en operaciones comerciales y, en el caso de las empresas, ponerles un obstáculo para que no recurran a facturas falsas. El plan de lucha contra el fraude que aprobará el viernes el Consejo de Ministros pretende recaudar hasta 8.171 millones de euros en 2012.
Rajoy ha defendido ante Cayo Lara la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en el marco de la lucha contra el déficit público, señalando que se trata de una medida «extraordinaria y excepcional», sólo válida para 2012, adoptada en una situación «dificilísima» y que ayudará a mejorar los ingresos del Estado.
De hecho, ha insistido en que se trata de una medida recomendada por la OCDE en situaciones complicadas y que ha sido utilizada ya en países como Alemania, Estados Unidos e Italia, país este último donde permitió recaudar 5.000 millones de euros en 2009 y 2010.
El presidente ha dicho además que en España ya se hicieron tres amnistías fiscales en el pasado (1977, 1984 y 1991) y que, a diferencia de entonces, cuando los defraudadores que afloraron activos no pagaron nada a Hacienda, en este caso pagarán entre el 8% y el 10%.
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