La Fiscalía del Tribunal Supremo no tiene previsto modificar su postura respecto de los recursos presentados por el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi y el resto de condenados en el «caso Bateragune» y este miércoles solicitará la confirmación de las penas impuestas a todos ellos durante la vista pública que se celebrará para revisar el caso.
Así lo ha señalado el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, a preguntas de los periodistas momentos antes de asistir en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a un acto en homenaje al que fuera magistrado del Tribunal Supremo y abogado general del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Dámaso Ruiz-Jarabo.
Preguntado si el Ministerio Público mantendrá hoy la misma postura que ha venido presentando respecto a este caso, Torres-Dulce ha contestado que «sí, en principio sí».
El tribunal que decidirá sobre la sentencia que impuso 10 años de cárcel a Otegi por integración en organización terrorista lo conforman el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra y los magistrados José Manuel Maza, Juan Ramón Berdugo, Alberto Jorge Barreiro y Miguel Colmenero, que será el ponente de la resolución.
Los recursos de casación han sido presentados por los cinco condenados en esta causa que fueron, además de Otegi, el ex secretario de LAB Rafael Díez Usabiaga – penado igualmente con diez años de cárcel- y los condenados a 8 años Miren Zabaleta, la extesorera del PCTV Sonia Jacinto y el exresponsable de Haika en Alava Arkaitz Rodríguez. El pasado 16 de septiembre, la Audiencia Nacional condenó a 10 años de cárcel a Otegi al considerar que actuó como dirigente de ETA al tratrar de reconstruir la formación ilegalizada y señaló el mismo grado de responsabilidad respecto de Diéz Usabiaga.
La Audiencia absolvió José Luis Moreno, Amaia Esnal y José Manuel Serra, a los que la Fiscalía había retirado la acusación tras entender que a lo largo de la vista oral no se había podido demostrar que formaran parte de Bateragune.
En su sentencia, el tribunal consideró acreditado que los cinco formaban parte de un grupo escogido dentro de las filas de la izquierda abertzale que «en plena connivencia y siguiendo las superiores directrices de ETA, en la que se hallaban integrados, diseñaban una estrategia de acumulación de fuerzas soberanistas».
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