Expertos piden a empresas, administraciones y ciudadanos acompañar el cambio de horario con jornadas más racionales | Romay Beccaria, nuevo presidente del Consejo de Estado |
El PSOE quiere que la futura Ley de Transparencia, que ha analizado este viernes en primera lectura el Consejo de Ministros, garantice el acceso a la información sobre el comercio de armas en España. Los socialistas han incluido esta demanda en una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, aunque también podrán plantearla como enmienda cuando se tramite el proyecto de ley de la norma que prepara el Gobierno.
En concreto, el primer partido de la oposición quiere que la nueva ley incorpore mecanismos de acceso a la información correspondiente en materia de «exportación» de armas en España, en línea con el cumplimiento del sistema de información y control parlamentario que establece la ley de 2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso en nuestro país.
Por lo demás, la iniciativa registrada por el PSOE insta al Gobierno a seguir impulsando una «posición activa» a favor del texto consolidado sobre el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que se debatirá el próximo mes de julio en Naciones Unidas.
El PSOE también pide al Gobierno que impulse una posición común en la UE en esta materia, que informe al Congreso de los avances obtenidos y de las posiciones mantenidas por España y por la UE en la cita de la ONU, y que promueva la firma y ratificación del Tratado tan pronto como éste sea adoptado y lo incorpore a la legislación interna española.
UN ACUERDO «VINCULANTE Y EFICAZ»
El diputado Juan Moscoso, que defenderá la proposición no de ley del PSOE cuando se fije fecha para su debate, pretende que ese texto consolidado «sirva como instrumento efectivo para garantizar internacionalmente el respeto a los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario».
Según recuerda el diputado socialista, la elaboración de un texto sobre el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que fue planteada en octubre de 2009 y contó con el apoyo de España y de la Unión Europea, responde a un acuerdo para buscar instrumento que contenga normas comunes «internacionalmente aplicables» y que sea «vinculante y eficaz para impedir que el comercio irresponsable e ilícito de armas contribuya a la comisión de graves violaciones de los Derechos Humanos en el mundo».
Para Moscoso, apoyar este instrumento servirá para impedir «una de las peores formas de crimen organizado, que al alimentar la violencia organizada en determinados contextos es causa de formas brutales de violencia de género ejercidas contra las mujeres, o la terrible realidad de los niños soldado, entre otras situaciones».
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