El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ya ha puesto en marcha el departamento que dirige incluirá un sistema severo de sanciones administrativas para evitar las filtraciones en los casos en los que una investigación esté protegida por el secreto de sumario, el cual pretende además limitarse a un plazo máximo de un mes.
Así lo ha manifestado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que dichas sanciones se aplicarán «en aquellos casos en los que se acredite la identidad de qué personas han procedido a revelar el secreto de sumario», y en la que ha calificado de «lamentable» que «en beneficio de alguna de las partes» se rompa esta garantía judicial que tiene por objeto proteger la investigación.
«El secreto de sumario no se hace por un afán ocultista por parte de los jueces sino porque el conocimiento de determinados hechos puede perjudicar la investigación», ha explicado, para denunciar que en estos momentos, existe una tendencia a romper el secreto de sumario «de forma sistemática», de la cual no son responsables, a su juicio, los medios de comunicación, «que están en la obligación de buscar información», sino el sistema actual, que permite las filtraciones, y las personas que contribuyen a que se produzcan.
«FICCIÓN» EN LOS SECRETOS DE SUMARIO
Es por ello por lo que una de las prioridades de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la que, según Gallardón, «ya hay una comisión que esta elaborando el primer borrador», será la de crear un sistema de sanciones «severo» para castigar a los responsables de las filtraciones, así como la de limitar a un mes el tiempo máximo durante el cual un sumario podrá permanecer secreto.
«Limitaremos a un mes el secreto de sumario, salvo por razones absolutamente excepcionales, y evitaremos lo que en estos momentos existe que es una ficción de sumarios declarados secretos durante seis, siete u ocho meses y que acaban siendo conocidos por todos los ciudadanos», ha añadido.
Dichas medidas no sólo buscan, ha añadido, «salvar la buena marcha de una institución», sino también evitar que debido a «una revelación parcial e interesada», se perjudique a una de las partes en beneficio de la otra. «Es lamentable que en beneficio de las partes nos encontremos con que ese secreto se rompe de una forma sistemática», ha reiterado.
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