El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha centrado su segundo día de declaración fundamentalmente en la figura del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien, según ha dicho, fue la persona que fijó los «criterios» para conceder las ayudas sociolaborales «de forma discrecional y sin publicidad», aunque «supone» que Viera hablaría de tales «criterios» con el Gobierno andaluz, «que le daría su respaldo».
En su declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE), Guerrero también ha nombrado al exconsejero Antonio Fernández, quien le dio «indicaciones» para que se otorgaran tres millones en ayudas a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
Guerrero ha llegado a los juzgados poco antes de las 10,00 horas y, en esta ocasión, no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación, tras lo que ha comenzado su segunda jornada de declaración, que se ha extendido por espacio de seis horas durante las cuales ha hecho constantes referencias a Viera, actual diputado del PSOE en el Congreso, quien impuso los «criterios» para otorgar las ayudas de forma «discrecional y sin publicidad», por lo que «lo lógico es que se enteraran de las mismas personas de su entorno, de la Consejería, de la Junta o de organizaciones sindicales».
«Todo el mundo sabía de esas ayudas, que se otorgaban de forma discrecional y sin orden reguladora, y nadie puso reparos», ha dicho el imputado refiriéndose al «IFA –antiguo Instituto de Fomento de Andalucía–, Consejería, consejero y viceconsejero», añadiendo que «la idea», por tanto, de conceder las ayudas de este modo «no fue suya», sino que «fue una idea política; eran directrices del consejero y del viceconsejero», ha llegado a decir Guerrero durante su declaración ante la magistrada.
QUERÍA UN REPARTO «UNIVERSAL» DE LAS AYUDAS
El imputado ha asegurado que él quería que estas ayudas fueran repartidas de forma «universal» y que, para ello, elaboró órdenes y decretos «que llevó al Consejillo –presidido por el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías–, pero una vez allí no las vieron». Ha afirmado, en torno a este tipo de ayudas, que eran «como un producto de mercado» para organizaciones sindicales, despachos y comités de empresa, según las fuentes del caso consultadas.
Centrándose en Viera, Guerrero ha añadido que Viera realizó «indicaciones verbales» para que se ayudara al sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, todo ello «a pesar de que en otros lugares también se fabricaba corcho», y que, una vez dejó de ser consejero, siguió «influyendo» para que se concedieran ayudas públicas a las empresas del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo y su persona de confianza, José María Sayago.
Estas ayudas «eran excesivas», pero eran «una imposición» de Viera, el cual, «una vez dejó de ser consejero, siguió influyendo» para que se ayudara a este grupo empresarial y, para ello, no dudó en «pedirle» que ampliara la partida presupuestaria». Además, Viera «adquirió con anterioridad a 2001» un «compromiso» con la Sociedad de Desarrollo Local para ayudar económicamente a la celebración de la Feria Gastronómica de la Sierra Norte que se celebra anualmente en El Pedroso.
AYUDAS CON EL INFORME «DESFAVORABLE» DE LA JUNTA
Igualmente, el imputado ha señalado que el exconsejero de Empleo dio «órdenes» para otorgar una subvención de 30.000 euros al Ayuntamiento de El Pedroso para un plan de prevención, todo ello «con el informe desfavorable» de la Junta.
La magistrada ha interpelado al imputado por las ayudas a la empresa Aglomerados Morell, y ha reconocido que el planteamiento fue «desvestir a un santo para vestir a otro», pues ha aseverado que se aprobó el ERE de la empresa y trasladar las instalaciones de la empresa desde Valencina de la Concepción a Villanueva del Río y Minas «con fines electorales y municipales» de cara a ayudar a la que fuera alcaldesa socialista María José Cervantes. «No le cabe duda de que tenía interés en que se contratara a gente» en vísperas de las elecciones, ha dicho Guerrero.
En este punto, Guerrero ha llegado a señalar que el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas «se comprometió» a otorgar subvenciones para la contratación de trabajadores en las nuevas instalaciones de Villanueva del Río y Minas. También se ha referido a la ayuda de un millón de euros aprobada a favor del establecimiento Posada del Moro, ubicado en Cazalla de la Sierra, las cuales también se dieron «por indicación» de Viera, que «se comprometió personalmente» con los socios de este hotel, donde iba a comer los fines de semana.
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