Cerca de siete de cada diez vascos considera que el Gobierno central debe facilitar la reinserción de los presos de ETA que renuncien a la violencia y defiende su acercamiento a las cárceles de Euskadi, mientras que un 66 por ciento rechaza concederles una amnistía. Además, casi seis de cada diez ciudadanos piensan que los reclusos de la banda deben renunciar a la actividad terrorista y denunciarla para poder acceder a beneficios penitenciarios.
Estos datos aparecen recogidos en el ‘Sociómetro Vasco’ sobre el final del terrorismo, elaborado por el Gobierno autonómico a partir de entrevistas realizadas a 2.254 personas residentes en Euskadi entre el 6 y el 11 de febrero de este año, es decir, cuatro meses después del anuncio del «cese definitivo» del terrorismo por parte de la banda. El estudio ha sido presentado este viernes por el responsable del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, Víctor Urrutia.
Uno de los apartados de este trabajo sondea la credibilidad de dicho anuncio, realizado por ETA el 20 de octubre de 2011. Un 52 por ciento de los encuestados piensa que «ETA ha renunciado definitivamente a su actividad armada a día de hoy». Por el contrario, un 36 por ciento cree lo contrario, mientras que doce de cada cien no se manifiesta ni en un sentido ni en otro.
La mayor parte de los encuestados considera que la desaparición definitiva de la banda se producirá en un plazo de uno o dos años (27 por ciento) o en menos de cinco años (23 por ciento). Otro 19 por ciento prevé que este paso no se producirá antes de cinco años y un 20 por ciento afirma incluso que «ETA nunca desaparecerá».
En cuanto a las sensaciones sobre el cese del terrorismo anunciado por ETA, un 57 por ciento asegura sentir optimismo, mientras que un 49 por ciento define su estado de ánimo como de «ilusión». Otras sensaciones descritas por los encuestados son confusión (20 por ciento), preocupación (18 por ciento) o percepción de «tiempo perdido» (11 por ciento).
Por otra parte, el 42 por ciento estima que los recelos políticos y las heridas sociales que ha dejado el terrorismo tardarán muchos años en desaparecer, y hasta un 34 por ciento cree que no desaparecerán. Además, un 52 por ciento de los encuestados señala que la libertad para hablar sobre política sigue igual que antes del anuncio de la banda, mientras que cuatro de cada diez dice que ha mejorado.
LIBERTAD
También se pregunta sobre el reconocimiento a las víctimas de los atentados de ETA. Mientras que un 30 por ciento contesta que este es un tema que ha mejorado desde el anuncio del cese del terrorismo, casi seis de cada diez cree que sigue igual. Porcentajes similares se registran cuando se pregunta por la evolución de la convivencia entre personas con ideologías diferentes o sobre las posibilidades de defender cualquier idea política.
Un 43 por ciento de los encuestados afirma sentirse libre para hablar de política «con todo el mundo», mientras que un 36 por ciento sólo lo hace con ciertas personas y casi dos de cada diez no se sienten libres para hablar sobre estos temas «con casi nadie».
En el caso de las relaciones políticas entre Euskadi y el resto del Estado español, y sobre la base de una escala del uno al diez que mediría el grado de normalidad de dichas relaciones, la nota media que arrojan las respuestas de los encuestados es de 5,3 puntos.
El apartado sobre presos de ETA incluye varios epígrafes. En uno de ellos, se pregunta sobre qué piensan los ciudadanos que deberían hacer estos reclusos en el contexto actual. La mitad responde que debieran reconocer el daño causado, mientras que un 34 por ciento considera que tendrían que pedir públicamente la disolución de la banda y un 32 por ciento, que debieran renunciar o rechazar públicamente el terrorismo. Estos datos no suman cien debido a que se podían dar varias respuestas.
También se sondea a los ciudadanos sobre su opinión sobre las medidas penitenciarias que podría aplicar el Gobierno central respecto a los presos den la banda. Un 72 por ciento se muestra de acuerdo con que el Ejecutivo facilite la reinserción de los presos «que renuncien a la violencia», mientras que casi un 20 por ciento no está de acuerdo con ello.
Casi cuatro de cada diez encuestados está de acuerdo con que no se haga «nada» en este campo hasta que ETA se haya disuelto, una posición que no comparte un 54 por ciento. Por otra parte, un 69 por ciento está de acuerdo a acercar a los reclusos a prisiones de Euskadi, medida que rechaza un 23 por ciento. En cuanto a la concesión de una amnistía a todos los presos de la organización terrorista, esta opción es apoyada por un 21 por ciento, mientras que la rechaza un 66 por ciento.
Un 58 por ciento de los ciudadanos encuestados cree que la renuncia a la actividad terrorista y su denuncia son requisitos necesarios para que estos presos puedan acceder a beneficios penitenciarios. Otro 20 por ciento cree que esto no es necesario y un 11 por ciento afirma que estos reclusos «no deben tener beneficios penitenciarios».
VÍCTIMAS «EJEMPLARES»
La encuesta recaba la opinión de los vascos sobre la actitud de la sociedad hacia las víctimas del terrorismo. Un 18 por ciento piensa que se ha hecho «muy poco» por los damnificados de ETA, un 39 por ciento se ha hecho algo «aunque no lo suficiente». Un 28 por ciento cree que «se ha hecho lo que se tenía que hacer».
En el caso de la actitud de las propias víctimas de ETA, un 18 por ciento considera que ha sido «ejemplar», ya que «no han promovido el odio». Un 40 por ciento estima que han defendido sus derechos «legítimamente» y un 26 por ciento manifiesta que «han querido tener un papel político que no les corresponde».
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