Victoria sin paliativos de Putin en las presidenciales rusas | Rajoy dice que España no ha pactado con Bruselas el objetivo de déficit sensato |
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que a ninguna comunidad autónoma le conviene en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebra este martes, pedir una flexibilización del déficit, lo cual supone, a su juicio, un flaco favor a su reputación ante los mercados e inversores.
Así, ha asegurado en Málaga, durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Andalucía, que está «seguro» de que en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera ninguna comunidad autónoma va a pedir que relaje el objetivo de déficit porque ni le conviene a esa CCAA ni al conjunto de España».
Montoro ha reiterado que planteará a las comunidades autónomas un objetivo global de déficit del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) para poder cumplir con la nueva senda de consolidación fiscal, que marca ahora un déficit público del 5,8 por ciento para este año.
«Es lo que voy a plantear, y no hay que verlo como una relajación sino como un descenso respecto de lo que ha sido la realidad del 2,9 por ciento», ha dicho, y ha agregado que este es el «compromiso que hay que adoptar en los presupuestos autonómicos aunque algunos estén hechos sobre escenarios no realistas».
Según el responsable de Hacienda del Ejecutivo central, ahora «la necesidad es adecuar los presupuestos autonómicos al objetivo del déficit público común, que se deriva a su vez de un escenario económico de recesión».
«Hay menos recursos, que no son los mismos en todas las comunidades autónomas y no se puede generalizar, pero a nadie le conviene aparecer como que está pidiendo una relajación del objetivo de déficit cuando desde el Gobierno central estamos diciendo que es muy exigente la senda de reducción del déficit», ha continuado.
Para Montoro, en ese CPFF «nadie va a utilizar el término relajar porque lo último que se puede escuchar –en dicho encuentro– es hablar de relajación». La reducción del déficit público, ha continuado, no se hace «porque nos lo exija Bruselas, el Fondo Monetario Internacional o los mercados sino porque es el requisito para poder financiar el crecimiento económico y la creación de empleo» en España.
El ser miembro del club de países del euro no implica, ha manifestado Montoro, «renunciar a la soberanía y nuestra capacidad para determinar el presupuesto». «España no es un país intervenido, es un país soberano que está tomando sus decisiones en materia de política presupuestaria, en materia de ingresos y gasto público y eso es lo que ocurre en el resto de países que no están intervenidos», ha recalcado.
«EL DOBLE DE ESFUERZO»
Ha insistido en que si España es un país «fuertemente endeudado» frente al exterior, «tenemos que hacer que con recursos propios de financiación recuperemos cuanto antes la actividad económica». Para ello, ha proseguido el ministro, hay que ejecutar «reformas profundas» que hagan que el Gobierno «sea fiable y esté comprometido con el desarrollo de la salida de esta crisis».
Montoro ha reiterado que no se puede hablar de relajación sino que este año se deberá hacer «un doble esfuerzo» en la reducción del déficit público estructural, «que es el que revela el estado de las cuentas y cómo se financian los servicios públicos».
Así, ha puntualizado que el pasado año «no se hizo nada», de ahí que en 2012 se tenga que acumular esa reducción. Para el ministro de Hacienda, en el CPFF «estoy seguro de que vamos a decir todos que sí, que vamos a estar en el mismo carro y en la misma orientación».
Respecto a los planteamientos de algunas CCAA de que se «comparta el esfuerzo» entre el Estado y las regiones, el ministro de Hacienda ha incidido en que es algo que se está realizando «desde el minuto uno». «Tengo que pedir a los que tienen que ser más transparentes en el pago a proveedores que tienen que estar más comprometidos con la corrección de su déficit público», ha apostillado.
A su juicio, la solvencia tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos está «en la transparencia de las cuentas y en la anulación de esa cola de proveedores y no en relajar más o menos y en discutir más o menos el objetivo del déficit, que debe ser objetivo común».
Durante su intervención, Montoro ha reiterado que el Gobierno central «no va a abandonar a nadie». «Vamos a estar con nuestras comunidades autónomas y corporaciones locales. Que nadie entienda la exigencia para recuperar el crecimiento y crear empleo con dejar a alguien tirado en esa carrera», ha sostenido.
En definitiva, ha apostado por «sacar a esta gran nave que es España del atolladero, del embarrancamiento en el que se ha sumido» para que se pueda ver «cuanto antes, un futuro de prosperidad, esperanza y modernizando el Estado de los autonomías y provocando, desde la estabilidad, el saneamiento y transparencia de las cuentas, que son el principio de cualquier buen gobierno».
DEUDAS CON PROVEEDORES
También se ha referido al mecanismo de financiación del que dispondrán comunidades autónomas y corporaciones locales para hacer frente a las deudas pendientes con proveedores y del que se informará también en el CPFF. Para Montoro, este plan «es la operación económica más importante de la historia reciente del país» ya que permitirá al Ejecutivo «promover el pago de 35.000 millones de euros a los proveedores de las administraciones territoriales».
Ha precisado que significa «un ingreso formidable en la economía real» de pequeñas y medianas empresas y autónomos, que van a recibir un ingreso en un año «muy difícil». Esto les permitirá, según el ministro, poner su contabilidad al día y pasar de ser empresas acreedoras a poder acometer nuevos proyectos de inversión.
Montoro se ha mostrado convencido de que en dicho plan participará toda la banca a través de un crédito sindicado «que movilizará ese dinero a partir del 1 de mayo y con la garantía del Estado». Dicha medida, ha insistido, será «una inyección de confianza» puesto que tanto a los ayuntamientos como a las comunidades autónomas «se les facilita» un crédito a 10 años, con dos de carencia, y a un tipo de interés cercano al cinco por ciento «que permitirá poner en orden las finanzas».
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