La Comisión Europea ha admitido este jueves que las reformas que han llevado a cabo la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, reducirán la cuantía de las pensiones en el futuro. Por ello, ha aconsejado que los ciudadanos suscriban planes privados complementarios para completar sus ingresos tras la jubilación, pese a admitir que estos planes son vulnerables a crisis financieras como la actual.
Se trata de una de las principales recomendaciones del Ejecutivo comunitario para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Bruselas reclama además seguir retrasando la edad de jubilación en línea con la esperanza de vida -algo que España ya ha empezado a hacer al subirla de 65 a 67 años-, restringir el acceso a la jubilación anticipada y eliminar las diferencias entre hombres y mujeres en materia de pensiones.
La Comisión quiere además crear mejores oportunidades para los trabajadores de más edad, y para ello insta a los interlocutores sociales a adaptar los lugares de trabajo y las prácticas de los mercados laborales, y sugiere recurrir al fondo social europeo para que los trabajadores de más edad puedan acceder al empleo.
«Muchas reformas ya adoptadas significarán pensiones más bajas en el futuro para compensar que la jubilación será más larga y que habrá menos trabajadores. Aparte de acumular más derechos de pensión trabajando más tiempo, mucha gente puede querer ahorrar más para su pensión en sistemas complementarios», ha explicado el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, en un comunicado.
En su ‘Libro Blanco’ sobre las pensiones, el Ejecutivo comunitario recomienda constituir planes privados de jubilación complementarios, y anima a los interlocutores sociales a crearlos y a los Estados miembros a mejorar los incentivos fiscales y de otros tipos.
Además, anuncia que adoptará medidas para mejorar la seguridad de las inversiones en planes de pensiones, por ejemplo revisando la directiva sobre fondos de pensiones de empleo y mejorando la información a los consumidores. De hecho, Bruselas admite que «la crisis ha puesto de relieve de la vulnerabilidad de los sistemas de pensiones financiados a crisis financiaras y turbulencias económicas».
Finalmente, la Comisión actuará para facilitar la movilidad de los planes de pensiones complementarios protegiendo, a través de legislación, los derechos de pensión de los ciudadanos que se desplacen. Hasta ahora, los Estados miembros han rechazado aprobar una norma de este tipo.
Los pensionistas constituyen ya el 14% de la población de la UE (120 millones), en particular debido a que los nacidos del boom de natalidad empiezan a alcanzar la edad de jubilación y el número de trabajadores en la edad laboral principal está descendiendo.
En 2008, por cada ciudadano de la UE de sesenta y cinco años o más había cuatro personas en edad de trabajar (15-64 años). De aquí a 2060, esta relación bajará a dos personas en edad de trabajar por cada ciudadano de sesenta y cinco años o más.
El impacto del envejecimiento demográfico se ha visto agravado aún más por la crisis económica. Las pensiones ya representan un porcentaje muy alto del gasto público: una media del 10 % del PIB en la actualidad, que posiblemente llegue hasta el 12,5 % en 2060.
No obstante, el gasto en pensiones públicas, que va del 6 % del PIB en Irlanda al 15 % en Italia, pone de manifiesto que, si bien los países afrontan problemas demográficos similares, la situación varía bastante de un país a otro. La crisis afecta a los planes de pensiones basados en un sistema de reparto a través de la caída del empleo y el consiguiente descenso de las cotizaciones, mientras que los planes de capitalización se ven afectados por la caída del valor de los activos y la bajada del rendimiento, según recuerda Bruselas.
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