El Supremo pone fin a la carrera judicial de Garzón de casi 30 años

Baltasar Garzón Real, condenado este jueves por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por autorizar las conversaciones en prisión de los imputados del caso ‘Gürtel’ con sus abogados, ingresó en la carrera judicial en 1981 y ejerció como magistrado instructor de la Audiencia Nacional durante casi 22 años, desde 1988 hasta el 14 de mayo de 2010.

Ese día Garzón bajó por última vez las escaleras de la Audiencia Nacional con lágrimas en los ojos y entre el aplauso de los funcionarios de su juzgado, tras ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la decisión del juez Luciano Varela de dictar la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

Garzón, segundo de una familia de cinco hermanos, nació en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1955 en el seno de una familia de agricultores. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1979, asumió su primer destino en el juzgado de la localidad onubense de Valverde del Camino.

Su desembarco en la Audiencia Nacional se produjo el 29 de enero de 1988, fecha desde la que asumió el Juzgado Central de Instrucción Número 5. En sus primeros años en el tribunal centró su labor en la lucha contra la banda terrorista ETA, siendo el primer magistrado que se desplazó a Francia para interrogar a etarras, y la persecución del narcotráfico gallego, lo que comenzó a darle notoriedad gracias a operaciones como la ‘Nécora’.

PASO A LA POLÍTICA Y VUELTA A LA AUDIENCIA

En 1993, Garzón hizo un paréntesis en su carrera judicial y aceptó el encargo de Felipe González para entrar en política como número dos de las candidaturas del PSOE por Madrid. Tras las elecciones, que el líder socialista ganó tras centrar su discurso en la lucha contra la corrupción, Garzón fue nombrado secretario de Estado del Plan Nacional contra las Drogas.

Decepcionado por su paso por la política, se reincorporó a la Audiencia Nacional en mayo de 1994, donde comenzó a investigar el terrorismo de Estado de los GAL por el que fueron condenados el ex ministro del Interior José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.

En 1998 el magistrado saltó a la fama internacional cuando ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet cuando se encontraba realizando una visita médica a Londres. Esta actuación puso la primera piedra de la denominada Justicia Universal, que la Audiencia Nacional ejerce desde entonces para perseguir delitos de lesa humanidad como los cometidos en la base estadounidense de Guantánamo o países como China, Ruanda o Guatemala.

CERCO AL ENTORNO DE ETA

Convertido ya en juez estrella, Garzón inició entonces el cerco al entorno de la banda terrorista ETA, con sumarios como los instruidos contra EKIN, KAS y XAKI (18/98) –las «entrañas» de la banda, según la sentencia de la Audiencia Nacional–, Batasuna y sus ‘herriko tabernas’ (35/02) y las organizaciones juveniles Jarrai, Haika y SEGI.

Después de que en 2002 se promoviera su candidatura al Premio Nobel de la Paz, el juez decidió en 2005 abandonar la Audiencia Nacional y trasladarse a Estados Unidos para dirigir dos cursos en la Universidad de Nueva York financiados por el Banco Santander. Su decisión de no abstenerse en el archivo de una querella presentada contra esta entidad motivó la apertura de la segunda querella contra el juez por parte del Tribunal Supremo.

Tras su vuelta a la sede judicial, que se produjo en 2006, Garzón investigó al aparato de extorsión de ETA y heredó la pieza que su sustituto, Fernando Grande-Marlaska, abrió sobre el chivatazo que se produjo en el bar ‘Faisán’ de Irún (Guipúzcoa) durante una operación policial desarrollada en pleno alto el fuego de la organización.

TRES CAUSAS ABIERTAS

Después de avalar con sus resoluciones el proceso de paz emprendido por el Gobierno, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, para lo cual llegó a pedir certificados de fallecimiento de Francisco Franco y de los ministros de sus primeros gobiernos.

En 2009, el magistrado investigó la trama de corrupción ‘Gürtel’, en la que están imputados ex altos cargos y alcaldes del PP madrileño y llegó a ser juzgado y absuelto el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps.

A pesar de que durante su carrera el Supremo había rechazado decenas de querellas contra el juez, en 2009 decidió abrirle tres procedimientos por autorizar las escuchas de los abogados de Gürtel en prisión con sus abogados, declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y cobrar de la Universidad de Nueva York por dirigir unos cursos patrocinados por el Banco Santander y otras grandes empresas con causas pendientes en su juzgado. Las dos primeras acabaron en juicio oral y la última está pendiente de su apertura.

En su declaración el pasado 17 de enero durante el juicio por las escuchas de Gürtel, Garzón justificó esta intervención por la necesidad de impedir que los miembros de la red delictiva continuaran operando para blanquear capitales y evadir dinero fuera de España, y aseguró que los letrados «eran parte nuclear» de las actividades de la trama.

En el relativo a los crímenes del franquismo, aseguró que su decisión de declararse competente no fue «una cuestión de ideología». «Hice lo que tenía que hacer. Los jueces no estamos para ideologías, cada uno tendrá la suya. Aquí no hubo ideologías», dijo. En la última jornada del juicio, que quedó visto para sentencia este miércoles, aseguró: «Tengo la conciencia muy tranquila».

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