El juicio contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por su presunta prevaricación al abrir una causa contra el franquismo encara este miércoles la fase testifical con el testimonio de tres de las personas que suscribieron denuncias contra los responsables de desapariciones ocurridas tras la Guerra Civil.
Así, la vista se iniciará a las diez y media de la mañana con la declaración de María Martín López, representante de la Asociación Nuestra Memoria, de represaliados en la Sierra de Gredos.
Igualmente, están citados ante los siete magistrados que componen el tribunal Pino Sosa, de la Asociación Recuperación Memoria Histórica Arucas (Gran Canaria) y Ángel Rodríguez Gallardo, de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra).
Tras la comparecencia de estos testigos, el calendario fijado por la Sala prevé la reanudación del juicio el próximo jueves con el testimonio de otros dos representantes de asociaciones similares: Josefina Musulen (Asociación de Memoria de Aragón) y Antonia Oliver (Asociación de Mallorca). Después sesiones se suspenderán después hasta el próximo lunes.
La Sala que juzga a Garzón ha decidido continuar con la vista tras rechazar las cuestiones previas esgrimidas por la defensa del juez de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía para que fuera anulada entre ellas la aplicación al caso de la ‘doctrina Botín.
La secretaria del tribunal ha leído la resolución de Sala, adoptada por mayoría, que rechaza los tres motivos aducidos por la defensa, que eran la nulidad de los escritos de acusación, la falta de legitimidad de la acusación popular para mantener el procedimiento en solitario y la indefensión por no ser aceptadas varias pruebas de la defensa.
La Fiscalía, que apoyó todas las cuestiones previas planteadas por la defensa, no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-, si bien el sindicato Manos Limpias, que concurre como acusación popular junto a la asociación Libertad e Identidad, pide que Garzón sea multado e inhabilitado por 20 años.
En su escrito de acusación, Manos Limpias sostiene que en todas sus actuaciones, Garzón «era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad».
Por ello, piden al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.
El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala enjuiciadora los magistrados de la Sala Segunda Carlos Granados (que presidirá la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
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