El fiscal pide al Supremo que archive la causa contra Garzón

El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha solicitado el sobreseimiento de la causa abierta contra Baltasar Garzón por investigar sin competencia los crímenes del franquismo, al considerar que la acusación popular es incapaz de abrir en solitario el procedimiento y su presencia en la causa es meramente adhesiva. Sólo tiene facultades de apertura del procedimiento si se ve acompañada por el fiscal o la acusación particular, ha añadido.

Así se ha pronunciado el representante del Ministerio Público durante la fase de cuestiones previas, después de que la defensa del juez imputado pidiera la nulidad del juicio abierto por un presunto delito de prevaricación en aplicación de la ‘doctrina Botín’, que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa en la Fiscalía no presenta acusación alguna.

La aplicación de esta doctrina -llamada así por haber sido instaurada en el denominado «caso de las cesiones de crédito», en el que estaba imputado el presidente del Banco Santander- se justificaría en el hecho de que en este caso el juez suspendido se sienta en el banquillo con la única acusación de Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, sin que hayan presentado cargos contra él ni el Ministerio Público ni ninguna parte directamente perjudicada por sus actuaciones.

«Nos basta y nos sobra para defender la legalidad», ha resaltado el fiscal, para indicar a continuación que no hace falta que esta parte «se suba al pelotón» en defensa de la legalidad.

ACTUACIÓN «INSÓLITA» DE VARELA

Por otra parte, el fiscal entiende que algunas resoluciones dictadas por el juez instructor Luciano Varela eran «radicalmente nulas» al haber vulnerado derechos fundamentales de Baltasar Garzón y haberle dejado en «una clara situación de indefensión». En este sentido, ha criticado que se hayan minusvalorado las cuestiones esgrimidas por la defensa del juez, catalogándolas como «fuegos de artificio».

El fiscal ha dicho acoger «sin ánimo de crítica» pero sí con «cierto desasosiego» el auto de la Sala avalando la resolución del instructor en la que dictaba a Manos Limpias y a Falange Española de las JONS -a la que había dado entrada y luego expulsó del proceso– que corrigieran los defectos procesales, que ha calificado de «insólita e insostenible».

Ha resaltado que «la moda de cortar y pegar» está en auge entre las nuevas tecnologías, para mostrar su sorpresa ante el escrito presentado por el sindicato que terminó siendo una copia de los argumentos incriminatorios del auto interior dictado por el propio Varela.

«La actuación del magistrado instructor, utilizando un verbo moderado, era una actuación verdaderamente insólita por provenir de un miembro de la carrera judicial y por las consecuencias que tuvo», ha agregado. A su entender, la actuación del juez instructor consistió en «reconstruir lo que era absolutamente irreconstruible».

Por último, el fiscal ha defendido la recusación de cinco magistrados alcanzada por la Sala del 61 para evitar la repetición del «bochornoso espectáculo» que se desató cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)  ordenó a España indemnizar al juez Javier Gómez de Liaño porque tres magistrados del tribunal enjuiciador intervinieron en casos del instructor.

EL INSTRUCTOR SÓLO «PERFILÓ» EL ESCRITO

El abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, ha defendido ante el Supremo que el «interés público» y el derecho a ejercer la acción popular debe prevalecer en el juicio que se sigue contra Baltasar Garzón por investigar sin competencia los crímenes del franquismo y ha diferenciado este caso del de las ‘cesiones de crédito’, en el que la ‘doctrina Botín’ dictaminó que la apertura de juicio no procede si actúa en solitario esta acusación.

El sindicato, que ve «indicios de criminalidad» para condenar a Garzón con una pena de 20 años de inhabilitación, ha mostrado su «más profundo respeto» por las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos durante los «horribles» hechos ocurridos en la Guerra Civil y el franquismo. «Nuestro objetivo no es hacer una revisión histórica de nada, nuestro objetivo es ver si se ha incumplido o no la Ley», ha añadido.

En el turno de réplica transcurrido durante la fase de cuestiones previas, el abogado de la acusación ha destacado que cuando el «bien jurídico protegido no es un interés particular», como ocurre en el delito de prevaricación, debe prevalecer «ese interés público» y, por lo tanto, la acusación popular es suficiente para sustentar la causa.

El letrado ha parafraseado a Herodoto para destacar que el derecho a acusar «se retrocede incluso a los esclavos» y defender así el derecho de la ciudadanía a participar en la Justicia como acción popular. Según ha dicho, vivimos «tiempos combulsos» en los que la sociedad reclama una mayor participación en los asuntos públicos.

Por otra parte, ha indicado que Varela se limitó a «perfilar» su escrito de acusación, el cual permaneció «inalterable» durante la fase de instrucción y del que conoció «perfectamente» la defensa.

El juicio ha quedado suspendido hasta el próximo día 31 cuando se resolverán las cuestiones previas y se decidirá si se interroga al juez Garzón, que se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 20 años solicitada por las acusaciones populares, ejercidas por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

Es la segunda ocasión en la que el titular del juzgado Central de Instrucción número 5 se sienta en el banquillo para enfrentar una posible pena de inhabilitación, después de haber sido juzgado la pasada semana por intervenir los encuentros de los cabecillas de la trama ‘Gürtel’ con sus abogados en prisión.

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