La Sala de lo Penal que juzga a Baltasar Garzón por autorizar las escuchas a los abogados del caso Gürtel ha rechazado que la Sala del 61 del Tribunal Supremo actúe como tribunal de apelación en caso de condena, aunque ha aceptado la audición a puerta cerrada de algunas de las conversaciones intervenidas siempre que sean concretadas por la defensa del juez.
Esa ha sido una de las cuestiones previas al juicio que han sido aceptadas por el tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, que juzga la posible intervención ilícita de las conversaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión.
La Sala también ha aceptado la declaración, en calidad de testigo, del funcionario del juzgado de Garzón liberado para el caso Gürtel, Vicente Maroto, que alertó a algunos letrados de que sus comunicaciones estaban siendo grabadas.
No obstante, los magistrados han rechazado las recusaciones de los magistrados Luciano Varela -instructor de la causa por la investigación de los crímenes del franquismo– y Manuel Marchena -instructor de los cobros de Nueva York–, que han vuelto a ser formuladas por la defensa del juez imputado, ejercida por el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, al dudar de su imparcialidad.
En cuanto a la posibilidad de facultar a la Sala del 61 para revisar el recurso de apelación del aforado, el tribunal ha enfatizado que se trata de un «tema recurrente» que ya ha sido planteado con anterioridad. En cualquier caso, ha obviado entrar en este debate ya que la legislación no contempla esta competencia de la Sala Especial, «guste o no guste».
En palabras del magistrado Joaquín Giménez, se trata de una cuestión que corresponderá revisar al Parlamento al constituir «un debate doctrinalmente abierto». El tribunal también ha desestimado aportar como prueba de la defensa una relación de sentencias en las que se haya condenado anteriormente a algún juez por la realización de escuchas.
En cuanto a la audición de las conversaciones intervenidas en prisión, ha solicitado que las partes acoten los fragmentos que creen necesarios que el tribunal escuche a puerta cerrada por su interés.
La Sala ha suspendido la prolongación del juicio hasta las 17.00 horas, cuando previsiblemente se reanudará con el interrogatorio de Garzón, que se enfrenta a un máximo de 17 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
El tribunal se encuentra además formado por el magistrado Luciano Varela, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Juan Manuel Berdugo. El presidente es Joaquín Giménez y el ponente de la sentencia será Colmenero.
En esta causa, en la que se pide para Garzón hasta 17 años de inhabilitación, se juzga si el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 prevaricó al dictar en febrero y marzo de 2009 los dos autos que ordenaron la intervención de las comunicaciones de la trama de corrupción que salpicó a cargos del PP.
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