El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se reunirá este martes con los consejeros de Economía de las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y les expondrá las principales líneas del anteproyecto de Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, que incluye la elaboración de techos de gasto previos a la elaboración de presupuestos autonómicos.
Estos límites de gasto tendrán que ajustarse a la regla adaptada de la normativa europea que el Gobierno incluirá en la Ley, con la que se pretende imponer una serie de normas a las comunidades para que no incumplan sus objetivos de déficit.
Una vez fijado el techo de gasto, cada comunidad podrá elaborar libremente sus presupuestos y decidir a qué dedica cada partida. Si luego hay desviaciones, entrarán en juego mecanismos correctores para reorientar los objetivos y la implementación de sanciones si es necesario.
Los mecanismos correctores pueden concretarse en reducciones mínimas y obligatorias referenciadas al PIB en los presupuestos de las administraciones responsables. Las sanciones, por su parte, tendrán en cuenta los criterios de reincidencia y gravedad, aunque no se conoce el tipo de ‘castigo’ por el que finalmente optará el Gobierno.
De hecho, Montoro dijo la pasada semana que una de las opciones es limitar los anticipos que el Gobierno central concede a las comunidades autónomas, tal y como contempla el reglamento europeo, aunque tampoco quiso especificar el método del Gobierno.
La misma ley obligará a todas las administraciones a presentar equilibrio presupuestario o superávit al finalizar el periodo transitorio que marca la reforma de la Constitución (a partir del año 2020), de forma que el déficit estructural no podrá superar el 0,4% del PIB y la deuda no podrá superar el 60% del PIB regional, salvo en situaciones excepcionales.
Estas son las principales líneas del anteproyecto de Ley que el Gobierno llevará mañana al CPFF y después a la Comisión Nacional de Administración Local para buscar el máximo acuerdo y consenso entre todas las administraciones.
Con la futura Ley, el Gobierno persigue tres objetivos: garantizar la sostenibilidad de todas las administraciones, fortalecer la confianza en las posibilidades de España y cumplir los compromisos que se han asumido con Bruselas y que se tendrán que asumir.
De hecho, el Ejecutivo ha incluido el concepto ‘sostenibilidad’ en el nombre de la Ley, porque se trata de una norma que tiene que buscar medidas a medio y largo plazo y no solo responder a una situación coyuntural.
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