El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha concretado que el Gobierno prevé suprimir 450 organismos públicos, fundaciones y empresas públicas y que este recorte se llevará a cabo en «pocos meses».
Montoro, en declaraciones a la cadena COPE recogidas por Europa Press, indicó que el Ejecutivo ya está trabajando en ello y que la próxima semana se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Gobierno presentará a las comunidades un plan de «adelgazamiento» del sector público empresarial porque hay demasiada «ineficiencia».
«Estamos hablando del cierre de unas 450 unidades en pocos meses, y a partir de ahí se producirá un ahorro importante», subrayó Montoro, quien aseguró que no se van a recortar los salarios de los funcionarios, más allá de la congelación del sueldo para 2012 y el aumento de horas de trabajo a la Función Pública.
El titular de Hacienda defendió la subida del IRPF y del IBI llevada a cabo por el Gobierno, aseguró que se trata de un «mal menor» teniendo en cuenta que el déficit en 2011 será dos puntos superior a la previsión, y garantizó que al final de la legislatura todos los contribuyentes, incluidos los que ahora verán incrementada su presión fiscal, pagarán menos impuestos que al cierre de la anterior.
«Con un déficit superior en unos 20.000 millones de euros, una economía en estancamiento, cinco millones de parados y un país al borde del abismo, teníamos que reaccionar con contundencia y elegir el mal menor», se defendió Montoro ante las críticas suscitadas por haber subido los impuestos, posibilidad negada durante la anterior legislatura por el PP.
El ministro indicó, además, que se trata de una subida «temporal y excepcional» de dos años y que se ha hecho introduciendo progresividad, porque en el IRPF pagarán más quienes tienen más ingresos y el recargo del IBI únicamente lo soportarán los inmuebles con mayor valor. Además, apuntó que si el Gobierno no hubiera adoptado esta medida, se hubiera recrudecido la crisis de deuda.
NO ES UNA SUBIDA DE IMPUESTOS GENERALIZADA
Así, negó que se trate de una subida de impuestos generalizada, como hubiera sido incrementar el IVA –medida que descartó porque penaliza el consumo y tiene un escaso efecto recaudatorio en una economía deprimida–, y afirmó que hay «muchísimos contribuyentes» que no van a pagar más impuestos.
A pesar de este alza fiscal, Montoro señaló que el PP sigue creyendo en que se debe estimular la economía bajando los impuestos y, de hecho, adelantó que en breve el Gobierno aprobará una rebaja fiscal para pymes y autónomos, que son los que «peor» lo están pasando durante esta crisis.
PENALIZACIONES PARA LAS CC.AA QUE NO CUMPLAN
Por otro lado, Montoro adelantó que esta semana se reunirá con las comunidades autónomas del PP y, posteriormente, con Cataluña, Asturias, Andalucía y Canarias, para preparar la semana próxima el CPFF, donde el Gobierno va a establecer las bases de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que comprometa a todas las administraciones en los objetivos de déficit público.
En este sentido, explicó que se establecerán techos de gasto y de deuda para todas las CC.AA., así como un «sistema de penalización» para las que no cumplan, en línea con lo que se está haciendo en la Unión Europea. «Trasladaremos a la arquitectura institucional española aquello en lo que estemos avanzando en la unión política europea, pero es importante también respetar nuestra arquitectura institucional», reiteró.
En cuanto al fraude fiscal, indicó que la cifra de más de 8.000 millones de euros que el Gobierno espera recaudar en 2012 por el control del fraude es «realista», y no concretó la cantidad a partir de la cual no se podrán realizar pagos en metálico. «Estamos pendientes de estudios técnicos y vamos a escuchar a los técnicos de Hacienda», subrayó.
Sobre la posibilidad de introducir el copago sanitario, Montoro admitió que el anterior Gobierno del PP ya se lo planteó en 1997, pero que posteriormente lo desechó porque la capacidad recaudatoria que daba no compensaba en términos de costes de la gestión administrativa. Por ello, apostó por ir hacia una «reforma profunda» de los servicios públicos y hacia el ahorro de costes.
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