Los grupos minoritarios aprovecharon la reforma constitucional para hacer unas propuestas que superaban, con creces, los límites de la introducción del principio de estabilidad presupuestaria en la Carta Magna. PNV y ERC reclamaban que se añadiese el derecho de autodeterminación. IU-ICV presentó su particular texto alternativo, que incluía la posibilidad de elegir entre República o Monarquía. UPyD pretendía abordar una reforma más profunda, que llegaba a afectar al sistema electoral y al reparto de competencias. La Mesa del Congreso vetó sus enmiendas porque requieren un procedimiento más complejo que, en este caso, sí implica la convocatoria de referéndum, de acuerdo con lo que establece el propio texto constitucional. Los nacionalistas creen que se trata de una «cacicada» y un «escándalo» y los republicanos catalanes adelantaron que abandonarían el Pleno este viernes, cuando llegase la votación.
Con el apoyo de PP y PSOE y el voto en contra de PNV y CiU, la Mesa del Congreso rechazó tramitar seis de las 24 enmiendas a la reforma constitucional, porque afectan a secciones de la Carta Magna que, para ser modificadas, requieren un procedimiento más profundo, referéndum obligatorio incluido. El artículo 168 del propio texto constitucional señala que los cambios en el Título Preliminar, el Capítulo II, la Sección I del Título I, o el Título II necesitan este proceso profundo.
PNV y ERC aprovecharon que los mayoritarios habían ‘abierto la veda’ de la reforma para intentar introducir el derecho de autodeterminación, lo que implica variaciones en el Título Preliminar. De hecho, los catalanes presentaron su enmienda a sabiendas de que no iba a ser aceptada y ya entonces anunciaron que abandonarían el hemiciclo en el momento de la votación.
Joan Ridao, portavoz de la formación en la Cámara Baja, afirmó este jueves que la reforma que consensuaron PSOE y PP es «antidemocrática, antisocial y rabiosamente centralista», además de «una agresión contra Cataluña y «una reforma mortal de necesidad». De ahí que su primera enmienda pidiese la supresión del texto de los partidos mayoritarios.
Para compensar ese vacío, ERC proponía cambiar esa redacción por la de otra destinada a que la Carta Magna reconociera «las naciones» del Estado, en lugar de las «nacionalidades». Los republicanos pretendían que la Constitución recogiese el derecho de Cataluña a «decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco político propio o compartiendo, en todo o en parte, su soberanía con otros pueblos».
Una tercera enmienda de los catalanes planteaba la inclusión de una nueva disposición que otorgase a la Comunidad un régimen fiscal de concierto económico. Esto añadía un cupo «como contribución a todas las cargas del Estado que no asuma la Generalitat o como financiación de las cargas generales del Estado que deberá satisfacer la misma».
El PNV coincidía con ERC en el punto de la autodeterminación, y reclamaba lo mismo para el País Vasco. Con el veto, Aitor Esteban, portavoz adjunto del partido en el Congreso, mostró su «sorpresa». En su opinión, el debate sobre la autodeterminación sigue siendo «un tabú» y el rechazo de la enmienda es «un atropello» y le lleva a pensar que para PSOE y PP funciona «la parte ancha del embudo» y «la estrecha», para el resto de los grupos.
Los nacionalistas vascos retocaron la enmienda para que pudiera ser debatida en el Pleno: «O esto se subsana o será otro atropello», sentenció Esteban. Lo que hicieron fue plantear la propuesta como una nueva disposición adicional, en lugar de como una reforma del artículo 2 de la Carta Magna, eliminando además la mención que hacían al artículo 168 en el texto original.
«Si sus razones son única y exclusivamente técnicas, no habrá ningún problema para que la enmienda sea calificada. Mantenemos nuestras esperanzas», afirmaba Esteban después de la reformulación. Su compañero de partido José Ramón Beloki, secretario tercero de la Mesa, criticaba a José Bono, presidente del Congreso, por haber dicho que el órgano de gobierno de la Cámara había actuado con la «máxima flexibilidad»: «Para generosidad y laxitud la que hemos tenido nosotros».
IU-ICV PRESENTA UN TEXTO ALTERNATIVO
IU-ICV también impugnó ante la Mesa del Congreso la tramitación urgente y en lectura única de la reforma constitucional, porque considera que se trata de un procedimiento «fraudulento». Con ello, presentaba una redacción alternativa, que, estabilidad presupuestaria aparte, incluía hasta una mención a la posibilidad de elegir entre República y Monarquía. Como sabía que la Cámara Baja rechazaría su enmienda, la formación pretendía recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) y pedir que se suspendiera la entrada en vigor de la reforma.
Asimismo, Gaspar Llamazares y Nuria Buenaventura, diputados de IU e ICV respectivamente, presentaron un escrito para pedir un referéndum. Pretendían pasarlo los diputados, para que firmasen y apoyasen una solicitud que necesita 35 apoyos para salir adelante (la décima parte de la Cámara). Si no lo conseguían, los izquierdistas mantenían la esperanza de obtener las 26 rúbricas que requieren del Senado.
IU denunció esta «Constitución otorgada e impuesta» que propugnan PP y PSOE, que, en su opinión, «deja fuera a millones de personas», rompiendo el consenso de 1978. «Se trata de un golpe bipartidista a la Constitución, con el que se quiere convertir al Parlamento en una Cartuja, en un convento con voto de silencio»; «se han cargado las bases de nuestra convivencia democrática», criticó Llamazares.
Es algo tan grave para el diputado que se confesó partidario de que este «golpe» reciba una respuesta «contundente», que incluya, incluso, una huelga general. No obstante, precisó que ésa es una decisión que corresponde a los sindicatos. Tanto él como Ridao coincidieron al tachar de «cacicada» la decisión de la Mesa de rechazar sus propuestas.
El portavoz de ERC dijo que PSOE y PP «hurtan» el debate de las cuestiones que no les interesan, lo que lleva a la formación a plantearse seguir los pasos izquierdistas y acudir al TC. Llamazares sostuvo que éste es «un escándalo» que excede las funciones del órgano de gobierno del Congreso: «Ya no sólo es un rodillo, es un martillo de herejes».
De cualquier manera, la coalición IU-ICV presentó un escrito de reformulación y aclaración a la enmienda. Su texto esclarecía la pretensión de que el Congreso «pueda abordar un debate de mayor amplitud, que aborde algunas de las reformas de la Constitución pendientes», que la formación considera que «podrían ser motivo de reflexión y de propuesta por parte de la Cámara».
LA REFORMA MÁS PROFUNDA DE UPYD
La iniciativa de UPyD suprimía la redacción de PSOE y PP para lanzar el compromiso de abrir en 2012 una reforma a fondo, que afectase al sistema electoral y al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta formación y NaBai pretendían someter el acuerdo de PSOE y PP a la celebración de un referéndum.
La propuesta del partido magenta no pasó el filtro, lo que, a ojos de la diputada Rosa Díez, es «un ejemplo del totalitarismo» que las dos formaciones mayoritarias ejercen en el Congreso. A su juicio, esto supone ahondar en «la chapuza», con actuaciones «más propias de las repúblicas bananeras que de una democracia real».
En su opinión, PSOE y PP «no sólo han demostrado tener un sentido patrimonial de la democracia», sino que además no tienen problemas en «reinterpretar las normas de todos para utilizarlas a su servicio». En cuanto a CC, anunció este jueves que votaría en contra si no se añadía un reconocimiento a la insularidad y el régimen especial canario.
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