La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este jueves que estudia pedir la creación de una policía autonómica madrileña si el Gobierno «está decidido a permitir que unos señores privaticen el espacio público, como la Puerta del Sol, y se apropien de ella porque la quieren convertir en La Bastilla».
Aguirre ha exclamado que «ya está bien» de la situación creada por los representantes del movimiento 15M y por la actitud que ha tenido con ellos el ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, «que jura cumplir y hacer cumplir la ley y la viola fragante y directamente», y también el actual ministro del ramo, Antonio Camacho, que «esté prohibiendo identificar a los ‘indignados'».
En la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones estivales, la dirigente regional ha declarado que «se terminó la broma» cuando decenas de ‘indignados’, en una actitud «absolutamente impresentable», quisieron asaltar el Parlamento de Cataluña y los Mossos de Esquadra, la policía autonómica de esta autonomía, «cumplió con su obligación»
«La única ventaja aquí es que a partir del 20 de noviembre cambiará el ministro de Interior y el que venga cumplirá y hará cumplir la ley porque esto que está ocurriendo no tiene parangón y no se ha visto nunca. ¿Cómo se puede consentir que en manifestaciones sin ningún tipo de cumplimiento de los requisitos legales que todos tenemos que cumplir se dé orden a la Policía de que ni siquiera se identifique a las personas responsables de los desmanes?», se ha preguntado Aguirre.
Entre dichos desmanes, ha apuntado que durante las protestas laicas algunos de estos ‘indignados’ humillaron, vejaron e insultaron a peregrinos extranjeros de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), «algunos de ellos menores de edad, otros en silla de ruedas». «Eso sí que es un comportamiento indignante», ha apostillado.
Por todo ello, Aguirre considera «muy lógico» que los sindicatos policiales acudan a la Unión Europea para quejarse por la «inacción» del Gobierno porque, a su juicio, «la Policía no puede estar mandada por gente que ni cumplen ni hacen cumplir la ley».
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