El Estatut de Autonomía de Cataluña cumple este martes cinco años desde su entrada en vigor lejos de los focos mediáticos que lo acompañaron en sus primeros pasos, y olvidado por unos partidos que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), han optado por guardarlo en un cajón y buscar nuevos horizontes.
Pese a que tras el fallo del alto tribunal PSC e ICV-EUiA abogaron por recuperar la esencia inicial de la norma modificando leyes estatales, un año después ni siquiera se han iniciado los trámites para lograr este objetivo.
El paradigma de esta situación lo encarna CiU, que ya desde las últimas elecciones autonómicas optó por dejar atrás todo el proceso estatutario y enarboló la bandera del concierto económico catalán, algo que la norma nunca llegó a contemplar.
También ERC apuesta por superar el Estatut, aunque en su caso ya no aceptó el texto que salió del Congreso e hizo, como el PP, campaña por el ‘no’ en el referéndum en el que los catalanes avalaron la norma.
Aunque ICV-EUiA defendió inicialmente la recuperación de aquellos artículos caídos tras la sentencia, la formación ecosocialista se apresuró también a dibujar una nueva ‘hoja de ruta’ para el autogobierno catalán, que pasaba por un referéndum con varias opciones en que los catalanes se pronunciasen sobre si querían seguir siendo una autonomía española, un estado federal dentro de España, o un país independiente dentro de la UE.
El PSC sí reivindica el texto y la financiación de Cataluña que contemplaba inicialmente, pero no ha logrado impulsar en el Congreso con la ayuda del PSOE las modificaciones necesarias para recuperar la norma.
Paradójicamente, son los partidos que fueron más beligerantes con la norma, PP y C’s, los que reclaman que se aplique el Estatut resultante de la sentencia del TC y se reformulen normas como la ley de Educación y el Código de Consumo.
El fallo del Alto Tribunal, que declaró inconstitucionales 14 artículos y sometió a interpretación otros 27, puso en entredicho una docena de leyes de desarrollo estatutario que el Parlament ya había puesto en marcha desde 2006, como la Ley del cine catalán, la de acogida a personas inmigradas, la de Educación y la del Código de Consumo.
SIN LÍDERES POLÍTICOS
Asimismo, la dinámica interna de los partidos que impulsaron la norma ha dejado fuera de la primera línea política a los principales líderes que avalaron el proceso: Pasqual Maragall por el PSC, Josep-Lluís Carod-Rovira por ERC, y Joan Saura por ICV-EUiA.
Sólo CiU mantiene el mismo liderazgo que en el proceso estatutario: el entonces jefe de la oposición y ahora presidente de la Generalitat, Artur Mas, quien precisamente se ha convertido en el principal estandarte de la reivindicación del concierto.
LA CRISIS, OTRO OBSTÁCULO
Más allá del fallo del Alto Tribunal, la crisis económica también se ha convertido en un obstáculo para desarrollar la norma, y algunas de la mejoras financieras previstas han quedado minimizadas.
El ejemplo más llamativo es el del fondo de competitividad que, contemplado por el nuevo sistema de financiación previsto en el Estatut, ha enfrentado a Generalitat y Estado ya que mientras el Govern exige el pago en 2011, el Gobierno esgrime que puede posponerlo hasta el 2013.
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