La AN juzgará a Otegi por reconstruir Batasuna a través de Bateragune

La Audiencia Nacional comenzará a juzgar desde este lunes al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, y otros siete dirigentes de la izquierda abertzale que se enfrentan a hasta 14 años de cárcel por intentar reconstruir la ilegal Batasuna a través del proyecto Bateragune (Todos Juntos), que actuaba, según la Fiscalía, como órgano de construcción del polo soberanista bajo el control de ETA.

Además de Otegi se sentarán en el banquillo de los acusados Rafa Díez Usabiaga, ex secretario general del sindicato LAB ; Sonia Jacinto, ex tesorera del PCTV; Arkaitz Rodríguez, que fue responsable de Haika en Álava Arkaitz Rodríguez; Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y a la que se vinculó son SEGI; José Luis Moreno Sagües, ex concejal de HB en Burlada (Navarra); José Manuel Serra Ugarte y Amaia Esnal Martiarena. Los cuatro primeros están en prisión desde octubre de 2009 por orden del juez Baltasar Garzón.

Para todos ellos, el fiscal Vicente González Mota solicita una pena de diez años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista, mientras que la asociación Voces contra el Terrorismo-Verde Esperanza, que ejercerá la acción popular, eleva su petición de pena a un máximo de 14 años.

El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que juzgará estos hechos estará formado por los magistrados Teresa Palacios y Juan Francisco Martel y presidido por la juez Ángela Murillo, que protagonizó un incidente con Otegi cuando le juzgó por participar en el homenaje al etarra Sagarduy por el que en febrero pasado el Tribunal Supremo decidió anular la condena de dos años de cárcel que se le había impuesto y ordenar la repetición del juicio.

Los tres fueron recusados por la defensa de Otegi, aunque la Audiencia Nacional confirmó la configuración del tribunal, que ha fijado la vista oral para los días 27, 28 29 y 30 de junio y 1, 4, 5, 6 y 7 de julio. Entre los 77 testigos que están citados a declarar en estos días se encuentran los ex dirigentes de Batasuna Rufi Etxebarria, Floren Aoiz y Tasio Erkizia y los etarras Juan Francisco Gómez López y Joxean Aguirre.

POLO SOBERANISTA Y CONFRONTACIÓN CON EL ESTADO

En su escrito provisional de conclusiones el fiscal sostiene que el objetivo de Bateragune era configurar una «alianza independentista» que tenía por finalidad «llamar a la incorporación de formaciones políticas como Eusko Alkartasuna (EA), Aralar, Abertzalen Batasuna (AB) y ELA al espacio de lucha en la confrontación entre Euskal Herria y el Estado».

Todos ellos formaban la ‘Comisión Permanente’ de Bateragune y fueron detenidos el 13 de octubre de 2009 durante una reunión que celebraban en las dependencias de LAB en San Sebastián, que utilizaban como «cuartel general» y a la que denominaban «la sede del sindi». Actualmente, sólo Otegi, Zabaleta, Rodríguez y Jacinto permanecen en prisión, ya que Díez Usabiaga se encuentra en libertad provisional para cuidar a su madre.

El escrito del Ministerio Público defiende en sus 21 páginas que ETA ha dirigido todas las actividades de Bateragune, que se encargaba de «coordinar» y asumir la «dirección política» del denominado «frente institucional» de la organización terrorista, llevar la confrontación política «hasta el punto más álgido» presentando la violencia como «consecuencia del conflicto existente entre Euskal Herria y el Estado español» e impulsar una «mayoría social política que hiciera posible la convergencia soberanista».

Este último objetivo, expuesto en varios documentos intervenidos al etarra Ekaitz Sirvent tras su detención en abril de 2009, perseguía construir «una alianza nacional popular» que planteara «una estrategia de construcción nacional, unificación de fuerzas a favor de los derechos de Euskal Herria y elaboración de una línea de actuación de desprestigio del Estado».

En el documento ‘Komunikazio Orokorra’ de ese mismo año, la organización terrorista se dirigía a Batasuna señalándole «la necesidad de contactar con Eusko Alkartasuna para la articulación de fuerzas independentistas». Del mismo modo, valoraba de forma negativa el apoyo a la candidatura de Iniciativa Internacionalista en las elecciones europeas de 2009 por ser «una opción que no se había tomado por la dirección» y señalaba de forma rotunda que «los diseños profundos y concretos del proceso democrático los concreta ETA, y ETA con la responsabilidad de la Izquierda Abertzale». «Todos los demás pueden ser diseños de los procesos democráticos sin ETA, no los de ETA», añadía la banda.

PARONES EN LA LUCHA ARMADA

Para ello, como «método de trabajo» la organización terrorista diseñó la «combinación de parones en la lucha armada con la acción terrorista». Así, entre abril y agosto de 2009 colocó un artefacto explosivo contra un repetidor de comunicaciones, asesinó al policía Eduardo Puelles, cometió el atentado contra la casa-cuartel de Burgos, mató a los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáez de Tejada y colocó varias bombas en establecimientos comerciales de Palma de Mallorca.

En concreto, la Fiscalía detalla que Otegi, que era conocido internamente con el alias de ‘Ronaldinho’, y Díez Usabiaga participaron en al menos diez reuniones internas de Bateragune, escribieron artículos en el diario ‘Gara’ y ofrecieron ruedas de prensa y entrevistas en las que postulaban «los objetivos que con posterioridad se han podido averiguar que eran los de ETA». El resto de acusados participaron en encuentros internos y en varias comparecencias ante los medios de comunicación.

El canal de interlocución entre ETA y Bateragune también se mantuvo, según la Fiscalía, en los desplazamientos y entrevistas que Otegi celebró con miembros de la banda o de Batasuna en prisión, como Ibon Arbulu, Juan Francisco Gómez López y José Luis Elkoro. Además, el ex portavoz abertzale viajó en dos ocasiones a Francia, a pesar de que lo tenía prohibido en el marco de la causa de las ‘herriko tabernas’, para reunirse con dirigentes etarras, entre ellos Jokin Etxebarria, antiguo responsable del aparato político.

La causa de Bateragune fue instruida por el juez Baltasar Garzón que, en su auto de procesamiento destacaba que entre marzo y octubre de 2009 los ocho detenidos trabajaron para «crear un bloque para el desarrollo de una estrategia soberanista» que diera forma a la «estrategia político-militar» de ETA creando un nuevo referente político institucional que sucediera a Batasuna y cuya constitución estaba prevista para la primavera de 2010.

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